“Debemos aunar esfuerzos para situar la enseñanza pública en el lugar que se merece y ello no se puede hacer sin inversión económica digna y suficiente, donde el saber en sí mismo vuelva a ser el centro del sistema educativo, para formar la ciudanía del futuro en un espíritu crítico y democrático que haga frente al proyecto educativo neoliberal”.

 

La Educación, además de ser un derecho fundamental, representa uno de los pilares imprescindibles para construir sociedades más civilizadas, democráticas y equitativas. Sabemos que invertir en educación supone garantizar el desarrollo social de las personas y el desarrollo económico de los países. De hecho, el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 defiende una educación que contemple no sólo aspectos puramente cognitivos, sino que prepare a niños, niñas y jóvenes a vivir en este mundo complejo e interconectado, incluyendo en el currículo educativo mecanismos que les doten de herramientas para comprender el mundo, de competencias socio-afectivas para manejarse en él, que desarrollen su capacidad crítica y además que promueva oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas.

Cuando, desde STEA-Intersindical, hablamos de educación nos estamos refiriendo a la Educación pública, claro está; esa que trata por igual a todo el alumnado independientemente de cuál sea su poder adquisitivo y sus capacidades, y que transmite valores tan fundamentales como la cooperación, la interculturalidad y la igualdad. Lamentablemente, en estos momentos la educación aragonesa se encuentra en una encrucijada de ataques en forma de recortes manifiestos o encubiertos por parte del Gobierno de Aragón, a las que tenemos que hacer frente día sí y día también los diferentes sectores que conformamos la comunidad educativa.

Y es que la mejor estrategia para hacer que algo no funcione es ir despojándolo de recursos poco a poco para finalmente afirmar que el asunto en cuestión es deficitario y que no merece la pena mantenerlo, al mismo tiempo que enaltecen la eficiencia de la gestión privada; en ese momento deja ya de ser un servicio público convirtiéndose en un negocio privado. 

El nuevo gobierno surgido de las últimas elecciones autonómicas ha supuesto un cambio de rumbo y un giro a la derecha de las políticas educativas que se ha hecho notar desde el inicio. Tiempo no les ha faltado para plasmar su ideología y su sello en todas las decisiones que han tenido que ir tomando en estos casi 12 meses. La nueva consejera se estrenó en su cargo ordenando cerrar la escuela de Caneto, un pueblo en el valle de la Fueva, donde se consiguió abrir, gracias al esfuerzo de las familias, una escuela que alberga nada más y nada menos que a veintiún alumnos y alumnas; algo bastante inusual en nuestro territorio. Obligaba a desplazarse al alumnado unos 20 km hasta el colegio de Tierrantona mostrando nulo interés por la seguridad vial de los y las estudiantes, prevaleciendo los intereses del Partido sobre la disposición por buscar alguna solución que les permitiera quedarse en su municipio. Ha tenido que ser el TSJA el que le ha parado los pies y ha dado la razón a las familias, permitiendo que los niños y niñas puedan seguir escolarizados en su pueblo en lo que resta de curso.

No han esperado ni un curso escolar en aprobar un nuevo Decreto de escolarización, siguiendo la estela de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, alegando que es necesario dotar de mayor libertad (término al que le han cogido mucho cariño últimamente) a las familias a la hora de elegir centro educativo para sus retoños. Nos tememos que poco tardarán en empezar a concertar las etapas escolares no obligatorias, como son el bachillerato o el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años). Aquí, conviene recordar que STEA-i viene denunciando, desde su creación por Felipe González, la red privada concertada, una anomalía en Europa occidental, que en su día fue financiada “con carácter provisional para hacer frente al baby boom” y que 40 años después continúa detrayendo fondos públicos.

Una educación de calidad requiere de buenas dosis de inversión y si aspiramos a tener una ciudadanía bien formada tenemos que aumentar el presupuesto destinado a este fin. En el año 2022, Aragón invirtió el 18,8% de su presupuesto en Educación, situándose en el puesto undécimo de todas las CCAA. La inversión es requisito fundamental para disponer de una red de profesorado interino que cubran vacantes a lo largo de todo el curso y no tengamos que pasar el bochorno de ver cómo alumnado de ESO y FP ha pasado meses sin poder estudiar ciertas materias porque no tenían quien se las impartiera. Si queremos que la gente quiera dedicarse a la enseñanza, es imprescindible mejorar las condiciones del conjunto del profesorado.

Sin embargo, la Administración, que es muy hábil en las negociaciones, vende humo y muestra aparente interés en mejorar el horario y las retribuciones del profesorado para que el conjunto de las organizaciones sindicales firmaran un nuevo acuerdo, pero ahora vemos que dotación de profesorado para el próximo curso está sufriendo serios recortes centro a cetro en los cupos asignados a los mismos al eliminarse desdobles, proyectos, tutorías individualizadas, etc., aunque las autoridades competentes se nieguen a reconocerlo.

Asimismo, se necesita aumentar la inversión en atender al alumnado ACNEAE y publicar de una vez la ansiada cuarta orden que regule todos los aspectos relacionados con este tipo de alumnado. En cambio, ha sido notable a lo largo de todo el último curso escolar la escasez de auxiliares de educación especial, tan necesarias para que muchas niñas y niños puedan disfrutar de una atención más individualizada. Desde STEA-i, apostamos también por que el alumnado diagnosticado TEA pueda ser escolarizado en el centro que elijan sus padres, acogiéndose a esa libertad que tanto recalca la derecha, y no guetizarlos en unos centros concretos de cada zona.

Otro de los grandes problemas de los centros de la red pública son las instalaciones, que a menudo se encuentran muy deterioradas (goteras, falta de aislamiento térmico, talleres de FP con maquinaria fuera de la normativa, etc.) y obsoletas. Reclamamos mayor inversión en transformar los patios en espacios climáticos adaptados al cambio climático, construcción de cocinas in-situ, dado que una buena alimentación es un factor primordial para la educación, ampliación de centros para que no sea necesario transformar en aulas espacios no destinados a ese fin, como la biblioteca o el comedor.

No podemos ignorar la presencia de las religiones en el horario escolar y su valoración por una parte de la sociedad, que la sitúa al mismo nivel que cualquier otra materia escolar. Desde su fundación STEA-i ha reclamado una escuela laica libre de la religión católica, hoy en día hemos cambiado el lema por una “escuela laica libre de religiones”. La respuesta “democrática” dada por nuestros legisladores, lejos de la denuncia del Concordato con la Santa Sede ha sido establecer acuerdos similares en materia educativa con otras confesiones: islámica, evangélica, budista y judía. STEA-i apuesta por una escuela donde el saber científico y los valores democráticos imperen, con independencia de las creencias religiosas de cada familia en la esfera particular.

Por otro lado, no debemos olvidar la importancia de resaltar la cuestión identitaria en la educación, esto es, la particularidad aragonesa, un aspecto que depende de los Decretos y Órdenes educativas redactadas por nuestro Gobierno autonómico, dado que la educación es un sector que está transferido a las CCAA. Los ataques en este aspecto son constantes, y prueba de ello es la moción presentada por Vox en las Cortes de Aragón para que la EBAU se unifique en todo el Estado, algo imposible puesto que los bachilleratos son distintos en cada Comunidad Autónoma. Consideramos fundamental contextualizar los contenidos del currículo, por ello desde STEA-i defendemos un currículo que refleje la realidad aragonesa. Además, de la historia, la geografía, la biología y las lenguas que se hablan en Aragón. Es fundamental proteger y defender nuestro patrimonio lingüístico como elemento de cohesión social.

Como conclusión, debemos aunar esfuerzos para situar la enseñanza pública en el lugar que se merece y ello no se puede hacer sin inversión económica digna y suficiente, donde el saber en sí mismo vuelva a ser el centro del sistema educativo, para formar la ciudanía del futuro en un espíritu crítico y democrático que haga frente al proyecto educativo neoliberal. No podemos ni debemos permitir que la educación se convierta en objeto del mercantilismo en manos de las grandes empresas, pues basta observar la creciente expansión de la formación profesional impartida por empresas privadas controladas por fondos buitre de capital extranjero, curiosamente los mismos que invierten en las residencias de ancianos. Como afirma Olga García en su libro Escuela o Barbarie, en el contexto neoliberal, “La finalidad del sistema educativo es formar futuros trabajadores adaptados a los cambios del mercado” en lugar de centrarse en favorecer el desarrollo humano centrado en la razón, el espíritu crítico, el gusto por el conocimiento… Seguiremos luchando por esa escuela aragonesa pública, de calidad, laica, inclusiva, feminista y solidaria que forme y eduque a la ciudadanía de Aragón del futuro.