“… los políticos de ultraderecha que se autodenominan “libertarios” (apropiándose de una definición clásica del anarquismo con el que comparten la negación de la legitimidad del Estado), sostienen que éste debe reducirse a sus funciones esenciales: seguridad, justicia y defensa”.
Nozick, Milei y Trump
Hace unas semanas se celebraba en Zaragoza un congreso internacional bajo el título “Justicia, libertad e igualdad una relectura actual de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick a los 50 años de su publicación”, dirigido por el Profesor Guillermo Vicente, en el que se realizó una reflexión multidisciplinar sobre la obra e influencia posterior de uno de los principales filósofos políticos de la segunda mitad del siglo XX.
Robert Nozick (1938–2002) fue un filósofo estadounidense, profesor en la Universidad de Harvard y una de las figuras centrales del liberalismo político contemporáneo. Su obra más influyente, Anarchy, State and Utopia (1974), defendió el Estado mínimo frente a las teorías igualitaristas y redistributivas de John Rawls. A lo largo de su carrera amplió su pensamiento hacia la epistemología y la filosofía de la mente.
En la obra citada desarrolla una teoría del Estado mínimo dentro del marco del liberalismo libertario y defiende que cualquier ampliación del Estado más allá de funciones básicas vulnera los derechos individuales.
No es casualidad que se vuelva ahora la vista sobre este filósofo cuyas ideas se encuentran en la base de las políticas que están desarrollando en estos momentos algunos líderes mundiales como Trump o Milei.
Aunque no coincidan plenamente con Nozick los políticos de ultraderecha que se autodenominan “libertarios” (apropiándose de una definición clásica del anarquismo con el que comparten la negación de la legitimidad del Estado), sostienen que éste debe reducirse a sus funciones esenciales: seguridad, justicia y defensa. Sin embargo, mientras Nozick lo justifica moralmente (cualquier intervención más allá de eso viola derechos individuales), Milei lo argumenta desde la economía (el gasto público y la intervención estatal generan ineficiencia e inflación) y Trump defiende la reducción de las regulaciones y las cargas fiscales.
Los tres coinciden, eso sí, en que la propiedad privada es sagrada y que la libertad económica es la base del progreso, pero mientras Nozick la ve como una extensión del derecho a la autonomía personal, Milei y Trump la presentan como motor del crecimiento y la innovación. Nozick consideraba que la redistribución de la riqueza por el Estado es una forma de coacción moral; Milei y Trump también rechazan políticas de “justicia social” financiadas por los impuestos, defendiendo que cada individuo debe conservar el fruto de su trabajo. Los tres parten de una visión escéptica del Estado: Nozick teme su expansión como fuente de injusticia, Milei lo califica de “enemigo de la libertad” y Trump lo asocia con el establishment burocrático que obstaculiza la libre empresa.
Las teorías del Estado mínimo aquí y ahora
Traslademos esta cuestión a nuestro entorno más cercano. Carlos Sánchez (El Confidencial, 2 de noviembre de 2025) explicaba en su artículo “La reinvención del Estado: el gasto público no cede y avanzan las privatizaciones” su evolución desde un 23,1% de la renta estatal en 1975 al 51,4% en 2020, aunque fue en los años ochenta cuando el incremento creció de forma notable para poner en marcha el Estado social. Pero no todo corresponde al estado central: del total del gasto público las comunidades autónomas gestionan un 32,8% y los ayuntamientos un 11,9%.
Sin embargo, eso no significa que no se esté privatizando la gestión pública y avanzando silenciosamente hacia las teorías “libertarias”. Como dice Sánchez:
“Si antes eran las administraciones quienes prestaban los servicios públicos de forma directa a los ciudadanos, a partir de los años 80 y 90, en un contexto de liberalización y desregulación del sistema económico, el sector público comenzó a dar un paso atrás y dejar que fueran empresas privadas quienes lo hicieran”.
Entre 1996 y 2015 el Estado español vendió 76 empresas públicas ingresando 53.908 millones de euros por esas privatizaciones. La Administración central (incluyendo la Seguridad Social) se ha reconvertido en una especie de actor económico de carácter asistencial que se limita a pagar prestaciones, pero está en el camino de dejar de ser un agente económico activo. Estamos pasando del “Estado social” al “Estado asistencial”, se dice.
Para CCOO esta estrategia no es neutral, así en su informe “La privatización nos sale cara” ha estimado que el coste para las administraciones públicas de financiar un mismo tratamiento médico es hasta seis veces mayor en la sanidad concertada que en la pública. Y pone algunos ejemplos: curar una hernia cuesta menos de 700 euros en la pública y casi 3.400 euros en la concertada:
“Se trata, concluye, de una ineficiencia del gasto público que conlleva un elevado coste de oportunidad porque ese exceso de dinero utilizado de manera ineficiente se detrae de prioridades sociales”.
En la misma línea en el trabajo “La corporatización de los servicios públicos: ¿realmente son eficientes?” sus autores Marc Esteve (Esade) y Germà Bel (Universitat de Barcelona) ponen de manifiesto la falacia de que las empresas privadas ofrezcan precios menores y mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos. En su análisis de 61 hospitales públicos y privados, según explica Sánchez, los costes eran menores en los servicios prestados por los primeros.
El Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2011 del Tribunal de Cuentas (p. 104) ponía como ejemplo que el coste medio por habitante del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos fue ese año de 42,55 euros cuando había gestión directa por parte de los ayuntamientos y de 53,90 euros cuando había por medio concierto o convenio.
Mientras tanto las administraciones adelgazan su número de trabajadores. Los sindicatos se movilizan para que se cubran las vacantes en el Gobierno de Aragón y cualquiera de nosotros ha sufrido ya la “ausencia” de trabajadores públicos sea en la sanidad, la enseñanza o en cualquier oficina de la Administración. Por poner un ejemplo el Gobierno de Aragón todavía no ha resuelto la convocatoria de subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, convocadas por la Orden VMV/1018/2022, de 4 de julio, hace más de tres años. El asunto saltó a la prensa hace unas semanas y la excusa del Gobierno fue la falta de personal, la consecuencia probable, la pérdida de la financiación con cargo a la Unión Europea.
El “milagro económico” de Azcón o la privatización como objetivo
El “milagro económico” que trata de vender el presidente Azcón tiene más sombras que luces, tanto por las incógnitas que despierta su principal buque insignia, los centros de datos (véase el artículo sobre el particular en el número 5 de A Zofra) como por algunas cifras que ha puesto de manifiesto recientemente ElDiario.es a través de su director en Aragón Luis Faci (“Las empresas inscritas y las exportaciones ensombrecen el “milagro económico” vaticinado por Azcón para Aragón”). Las exportaciones de empresas aragonesas han descendido un 12,09%, la mayor caída de todas las Comunidades Autónomas y el número de empresas que cotizan en la Seguridad Social ha bajado un 1,36% desde julio de 2023 (hay 554 empresas menos). Según Faci:
“Aragón es la quinta autonomía a nivel relativo que más pierde y la tercera en números absolutos, detrás de Galicia y Castilla y León. Estos datos contrastan con la media nacional, que es de subida: un 0,53% desde julio de 2023 y un 0,21% en el último año”.
A esto hay que añadir los datos del paro que, según la Encuesta de Población Activa aumentó en el tercer trimestre de 2025 en 7.300 personas, hasta los 58.900 parados, un 14,1% más que el trimestre anterior. Esta cifra de desempleados es la más alta en un tercer trimestre desde 2022.
Junto a esto se observa una evidente tendencia hacia el adelgazamiento de los servicios públicos en la línea expuesta más arriba de las teorías “libertarias” del Estado mínimo acogidas por la ultraderecha.
La propuesta de incorporación del Bachillerato, las aulas de 0-3 años y la Formación Profesional al sistema de concierto, con el peligro ya puesto de manifiesto por los docentes de adelgazamiento del sistema público por el trasvase de estudiantes a la privada es, posiblemente, lo más visible, pero no lo único en el ámbito de la educación, donde en septiembre de 2025 se amagó con la eliminación del servicio de conciliación y educación gratuito de “madrugadores” y las “aulas de tarde” en más de 350 centros públicos, sustituyéndolos o condicionándolos, lo que hubiera obligado a que solo las familias que pudieran pagarlo accedieran al servicio. Únase a esto la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza en cuanto a las subvenciones de actividades extraescolares únicamente para los centros concertados, que han sido declaradas por un Juzgado “contrarias al principio de igualdad” porque “marginan” al alumnado de los centros públicos.
En el ámbito sanitario hay bastantes ejemplos como la externalización, en junio de este año, a la empresa Ribera Salud de las guardias de ginecología en Teruel (sí, “casualmente” la misma del CEO del Hospital de Torrejón que obliga a incrementar las listas de espera para sacar más beneficio); en julio, la adjudicación del transporte sanitario a la empresa SSG Servicios Sociosanitarios Generales, con condiciones que según la oposición implican “deterioro de las condiciones laborales” y “uso de fondos públicos para ampliar los beneficios de las empresas privadas” o la externalización de especialidades médicas en hospitales públicos como el de Barbastro donde se ha contratado a la empresa Torrevieja Salud para consultas de rehabilitación, traumatología, otorrinolaringología y urología y también para las guardias. Tampoco el Grupo Quirón se libra de este repaso, tras las denuncias de la FABZ de “urbanismo a la carta” con la modificación del PGOU para la construcción del hospital de la avenida Gómez Laguna y su autorización, ahora, como hospital universitario.
En el campo de la comunicación la televisión pública aragonesa tiene externalizado al menos un 20% de su presupuesto y más de un 80% de los trabajadores, un dato demoledor.
Mientras, nos entretienen con lo nunca visto: anuncios pagados en los medios de comunicación diciendo las cosas que haría el Gobierno de Aragón si tuviera presupuestos en 2026, y a la fecha de redacción de este artículo ni siquiera los ha presentado. ¿Perdón?
En definitiva, que los postulados “libertarios” de la ultraderecha en materia económica van calando poco a poco en la praxis política abandonando el Estado social de la Constitución de 1978 y encaminándonos hacia un nuevo escenario que podemos calificar de meramente asistencial.
