“La privatización del bachillerato subvencionando con 19 millones de euros por curso, una vez esté completamente implantado, supone un nuevo ataque a uno de los pilares del Estado del bienestar, al extender el negocio privado a un segmento de la educación hasta hora protegido del lucro empresarial. Ante esta situación, meses atrás, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA-Intersindical) llevó la orden de concertación al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA)”.
ANTECEDENTES Y CONTEXTO INTERNACIONAL
La concertación de la enseñanza viene de la época del PSOE de Felipe González, cuando ante la imposibilidad real de cubrir las necesidades provenientes del baby boom por la red pública de centros educativos se justificaron los conciertos. Lo que se presentó como una solución provisional y temporal fue adquiriendo carta de naturaleza, por las presiones de la Iglesia católica que se agarró a los conciertos como su principal palanca de influencia social, por ser dicha institución la que controló la práctica totalidad de los centros privados de educación beneficiarios de un concierto económico.
Progresivamente empresas privadas, en general vinculadas al sector de la construcción, han visto en la educación concertada una nueva fuente de negocios y le han ido ganando cierto terreno a la Iglesia católica. Recordamos el caso de la “trama Púnica” donde la expansión de la concertada implicaba pagar mordidas, aunque tuvo su epicentro en Madrid también alcanzó un centro de Aragón. La enseñanza concertada tiene en consecuencia una doble vertiente: contribuye a crear una clientela política de valores conservadores y es fuente de lucro.
Los gobiernos “progresistas” nunca han tenido el coraje de poner cortapisas a los conciertos, ni negociar un nuevo Concordato con la Santa Sede (1979) podando los injustificados privilegios de los que goza la Iglesia, sin parangón en los países de nuestro entorno.
El porcentaje de alumnado matriculado en las instituciones públicas educativas en el Estado español en 2024 no para de reducirse, los últimos datos oficiales lo sitúan en el 68,1% frente al 84,3% de la UE-27, donde las instituciones privadas dependientes de los fondos públicos son anecdóticas, y donde la enseñanza privada no suele estar subvencionada.
Aquí hemos de recordar, que el artículo 27 de la Constitución española dice “se reconoce la libertad de enseñanza”, pero no en el sentido mantenido por la jerarquía de la Iglesia católica o de los partidos de la derecha, esa libertad de enseñanza es la libertad de cátedra del profesorado. La izquierda debe hacer gala del verdadero significado de la libertad de enseñanza frente al mantra de la derecha sociológica.
LA CONCERTACIÓN DE ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS Y EL AUMENTO DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LAS ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS CONCERTADAS
En un momento tan delicado, debido al “invierno demográfico” en el Estado español –en 10 años se han perdido 400.000 alumnas y alumnos en Infantil y Primaria-, no es de recibo que se paralice la construcción de nuevos centros educativos públicos, que se amplíen conciertos y que éstos lleguen a etapas postobligatorias, que se autoricen nuevas universidades privadas, que se deriven fondos de la UE para la universalización del primer ciclo de Infantil –donde se han creado últimamente 40.000 plazas- y de la FP –con un incremento de 400.000 puestos en la última década– con el aumento exponencial de alumnado en centros privados no concertados que ha crecido un 468%, impulsados por fondos de inversión transnacionales y el beneplácito del Gobierno central. Educación y negocio se dan la mano.
Aragón no es una excepción. El por entonces presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán el 8 de octubre de 2021 dijo textualmente: “los presupuestos destinados a la escuela concertada se han incrementado exactamente un 29%”.
Es importante conocer el contexto donde Lambán habló con tanta claridad. Fue en un centro privado concertado y en presencia del por entonces vicepresidente del gobierno y presidente del PAR, Arturo Aliaga. Todo el mundo conoce las simpatías del PAR hacia la educación concertada e hizo valer su condición de socio de gobierno.
La desinversión pública produce segregación escolar, el famoso lema “libertad de elección”, no es otra cosa que barra libre para la “libertad de selección” del alumnado por parte de las empresas; de hecho, aquel alumnado con problemas de aprendizaje es invitado a marcharse a la pública, con el argumento de que allí existen más recursos para ese perfil. Las estadísticas de escolarización lo dejan bien claro y la perversión del uso de la palabra libertad es un insulto a la inteligencia. Por otro lado, el cobro de cuotas ilegales supone una barrera de entrada para las clases menos pudientes, donde se recoge la mayoría del alumnado vulnerable, siendo el peaje que se paga para garantizar la segregación.
La sociedad está cambiando, siempre lo hace, ahora muchas familias son usuarias de la concertada –tradicionalmente religiosa– y suma en sus filas a personas que no comulgan con el carácter confesional, pero que asisten a ella tomando como una molestia menor tal ideario, porque han sido interpelados por la promesa aspiracional de movilidad social ascendente; sin embargo, los datos son tozudos, no hay más que ver los resultados de la selectividad –PAU– que publica anualmente el Consejo Escolar del Estado para deducir que la concertada no es mejor que la pública, pero quieren que lo sea y no podemos permitirnos perder esa batalla.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD POR LA RED DE CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS
No es algo que se denuncie solamente desde la óptica de un sindicato de izquierdas y aragonesista como es STEA-i, es algo que también se hace desde otras posiciones como la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), es decir, centros privados no subvencionados, que contemplan a los concertados como una competencia dopada con fondos públicos. En estudios que publica anualmente, afirma que los colegios concertados siguen cobrando cuotas a las familias pese a que la LOMLOE lo prohíbe. El estudio es concluyente: el 87 % de los centros privados subvencionados cobra cuotas. Según el último informe de la asociación CICAE consultado por STEA-i, al menos 29 centros privados concertados aragoneses cobran cuota.
Esto concuerda con fuentes de los Servicios Provinciales de Educación, afirman que son numerosas las quejas que han recibido por parte de familias de estos centros. Si estas familias se niegan a pagar dichas cuotas, indicando que no pueden hacer frente a las mismas, y se les “invita a ir a la pública” o su hijo o hija pasarán a estar estigmatizados.
Esto implica segregar haciendo uso de dinero público. Es un secreto a voces, ante el que la inspección educativa hace poco, tanto por falta de impulso político, como por falta de personal.
El pago de las cuotas contradice el artículo 88 de la LOMLOE, que dice:
“Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir la enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. (…) Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”.
LA AMENAZA DE LA CONCERTACIÓN DEL BACHILLERATO
La administración no tiene ninguna obligación de concertar el bachillerato por ser una enseñanza postobligatoria, además de estar bien atendida la demanda de vacantes por la red pública.
¿A qué obedece el interés por concertarlo?: busca generar dos sistemas cerrados y pauperizar la opción pública. En Aragón ya existe una universidad privada y en breve puede haber más. En este puzzle solamente faltaba hasta ahora una pieza: el bachillerato (con la excepción de unos pocos conciertos existentes desde hace algunas décadas o lustros, alguno heredero directo del periodo del baby boom).
Desde educación infantil hasta la universidad en Aragón, al menos en el medio urbano, podría ser posible no pisar un centro público teniendo la enseñanza privada subvencionada. En el momento presente, el grueso del alumnado de los centros privados pasa por la red pública para hacer el bachillerato, por cubrir el concierto solamente hasta secundaria.
Desde STEA-i hemos anunciado una ofensiva judicial y en la calle, buscando la unidad de acción con todas las organizaciones que defienden la escuela pública, contra la decisión del Gobierno de Aragón de desplegar la concertación del Bachillerato en Aragón a partir del próximo curso. El sindicato, que ya presentó un primer recurso contencioso-administrativo ante el TSJA, estudia ahora solicitar medidas cautelares para evitar su puesta en marcha. Además, llevará a cabo nuevas movilizaciones, sin descartar una convocatoria de huelga. En ambos casos buscando la unidad de acción con otras organizaciones.
La medida del Ejecutivo del PP es contraria a la Ley, además de innecesaria. La legislación vigente establece que el principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria debe garantizarse a través de la red de centros públicos, recurriendo a los centros privados concertados únicamente cuando la demanda de plazas supere la oferta de la red pública. En el caso del Bachillerato, etapa no obligatoria, existen actualmente plazas vacantes suficientes en los centros públicos, por lo que no resulta justificado destinar recursos públicos a financiar esta etapa en centros privados.
La red pública tiene capacidad para 2.500 alumnos más de bachillerato y no se entiende, salvo por planteamientos ideológicos, el desvío y despilfarro de dinero de los impuestos en beneficio de las entidades privadas. Un ejemplo de ello es que, solo en Zaragoza capital, este curso hay más de 700 plazas de Bachillerato ofertadas sin cubrir. Llevar a cabo estos nuevos conciertos supondría un uso ineficiente del presupuesto educativo y una transferencia de fondos públicos hacia entidades privadas.
Debemos movernos de todas las formas posibles, desde el ámbito legal (como fue la interposición de nuestro recurso contra la orden inicial), a la movilización en la calle, sin descartar una convocatoria de huelga, porque la concertación del bachillerato supone una carga de profundidad contra el sistema educativo aragonés, provocando una reducción de plantillas y recursos humanos en la red pública.
Por todo ello, reiteramos nuestra exigencia de que la partida presupuestaria prevista para nuevos conciertos educativos se destine a los centros públicos, que son suficientes para atender a todo el alumnado aragonés con calidad. Esta inversión debe orientarse a mejorar las infraestructuras educativas, reducir las ratios, estabilizar al profesorado interino y mejorar las condiciones laborales y salariales del personal docente y del de administración y servicios.
Solo de esta forma el Bachillerato público podrá seguir siendo una enseñanza de calidad accesible para todo el alumnado, sin que el nivel de renta de las familias determine los resultados académicos, como lamentablemente ocurre en parte de la enseñanza privada concertada.
Desde STEA-i siempre hemos buscado la unidad de acción y sumar fuerzas con las organizaciones de nuestro entorno sociopolítico. En consecuencia formamos parte, de una iniciativa que agrupa a todos los sindicatos con presencia en la enseñanza pública, a las federaciones de familias de la enseñanza pública, a los partidos de izquierda, entre ellos CHA, organizaciones estudiantiles y movimiento vecinal. Esta confluencia presentará un nuevo recurso, solicitando también medidas cautelares, a la modificación de la orden original que en su día ya había recurrido nuestro sindicato, en base, entre otras, a una novedad importante: el incumplimiento de lo dispuesto en un apartado del artículo 21 de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón (Decreto Legislativo 1/2022 de 6 de abril), según el artículo 21.3.d):
“Artículo 21. Gobierno en funciones:
- El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:
- d) Aprobar o autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas, así como convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón”.
Esta confluencia de organizaciones también está preparando un calendario de movilizaciones en la calle en defensa de la enseñanza pública.
No sobra nadie, no sobran manos. Es necesario defender con todas nuestras fuerzas colectivas la escuela pública, por ser la vertebradora de nuestro sistema educativo, la que está en todos los pueblos y todos los barrios, la que hace que la escolarización sea un espacio de convivencia entre el alumnado, con los iguales y con los distintos, contribuyendo al mejor desarrollo democrático de una sociedad cada día más diversa, más múltiple y más plural.
Finalmente, es necesario levantar la vista y mirar más allá del ámbito educativo, pues los ataques al Estado del bienestar son generales: sanidad, sistema de pensiones público o servicios sociales, que son contemplados desde el neoliberalismo como fuente de negocio, por ello están siendo atacados para ser privatizados o al menos privatizar su gestión.
Por ello, defendemos, desde el respeto a la autonomía y peculiaridades de cada lucha concreta, coordinar y sumar fuerzas en defensa de una sociedad que brinde unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora aragonesa, donde merezca la pena vivir.
