“No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de una voluntad política. Una voluntad que, hasta ahora, ha ignorado sistemáticamente la pluralidad del territorio aragonés y que ha tratado a la Escuela Rural como un problema a gestionar y no como una oportunidad a potenciar”.

 

Cuando se clausura un curso escolar, se impone una mirada retrospectiva que, desde la honestidad y el compromiso con lo público, trace un balance de lo acontecido. Desde STEA-i, este ejercicio no es únicamente contable ni administrativo: es, sobre todo, un acto de responsabilidad sociopolítica. Porque educar no es solo transmitir conocimiento, sino construir comunidad, equidad y ciudadanía. Y cuando una parte del territorio es ignorada sistemáticamente por las políticas educativas, cuando las zonas rurales quedan al margen de las decisiones estratégicas, hablar de justicia educativa se convierte en una impostura.

Aragón arrastra, desde hace décadas, un desequilibrio territorial que va más allá de las infraestructuras: afecta directamente al derecho a la educación en igualdad de condiciones. En esta tierra de dispersión poblacional, la Escuela Rural no es una anomalía ni un vestigio del pasado: es un modelo vivo que garantiza el acceso a la educación en cientos de pequeños núcleos, allí donde el mercado y la lógica de la rentabilidad no llegan. Los Centros Rurales Agrupados aragoneses, con más de 7.800 alumnos en este curso y una red de 73 CRAs, sostienen con esfuerzo lo que la planificación institucional desatiende. Pero lejos de reconocer este valor, las administraciones parecen castigar a quienes lo hacen posible.

El profesorado itinerante, que se desplaza cada día por carreteras secundarias y climas extremos para llegar a sus aulas, sigue sufriendo año tras año retrasos en el cobro de dichas cuantías, cantidades adeudadas y un silencio institucional.

Esta falta de atención no es algo puntual, sino que responde a una visión profundamente centralista de la educación. En este enfoque, la Zaragoza metropolitana acapara proyectos, inversiones y visibilidad, mientras que territorios dentro de la provincia de Teruel o en el medio rural de Huesca quedan relegados a los márgenes del discurso institucional.
Pero el olvido no se manifiesta solo en los grandes gestos. También se incrusta en lo cotidiano: en la imposibilidad de encontrar vivienda asequible para docentes interinos, en la renuncia de muchos profesionales a aceptar plazas en zonas alejadas de las urbes, en las listas de sustituciones que se agotan sin respuesta. La educación pública se construye, o se desmorona, también en estos detalles.

A ello se suma la precaria situación del personal auxiliar, cuya ausencia se vuelve crítica ante el aumento sostenido del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Más de 10.400 alumnos aragoneses ACNEAE requieren diferentes apoyos que, en muchos casos, no llegan, generando una sobrecarga en el profesorado y una vulneración directa del derecho a una educación inclusiva.

No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de una voluntad política. Una voluntad que, hasta ahora, ha ignorado sistemáticamente la pluralidad del territorio aragonés y que ha tratado a la Escuela Rural como un problema a gestionar y no como una oportunidad a potenciar. Frente a ello, desde STEA-i reivindicamos una educación pensada desde y para la diversidad territorial, social y cultural. Una educación que no mida su eficacia en función de rankings ni de proyectos estrella, sino en la capacidad real de garantizar igualdad de condiciones para todo el alumnado aragonés, viva donde viva.

Porque la Escuela Rural también educa. Y cuando el Estado abandona sus aulas, no sólo traiciona a los territorios más vulnerables sino que socava los principios fundamentales de la escuela pública. La equidad no puede ser un privilegio urbano ni un concepto decorativo en discursos institucionales. Es, o debería ser, la base sobre la que se construye todo lo demás.