«Conviene recordar que el origen del modelo de centros concertados surgió como una vía para universalizar la educación obligatoria y gratuita en un momento —1985, con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación del Derecho a la Educación (LODE)— en que la red pública no tenía aún capacidad para acoger a todo el alumnado en edad escolar obligatoria. Desafortunadamente, esta ley incluía una cláusula trampa, que también implica “libertad”, libertad para quien tiene dinero claro».

Movilizacion contra el-concierto del Bachillerato la FP y la ensenanza 0-3 años

 

Hace unas semanas, la consejera de Educación, Tomasa Hernández, anunció dos medidas de calado: por un lado, una inversión de 7 millones de euros para concertar 2º de Bachillerato en una veintena de centros concertados, y, por otro, la dotación de 13 millones destinada a financiar la gratuidad del tramo de 2 a 3 años. Esta última, no obstante, llegó acompañada de ciertos matices, reduciendo la cobertura de diez a siete meses al año y de la jornada completa a solo unas horas al día. Ambos anuncios evidencian hasta qué punto la educación es un servicio esencial que exige recursos estables y suficientes para garantizar una enseñanza de calidad. Y, en un contexto de presupuesto limitado, cada euro que se desvía hacia la red privada es, inevitablemente, un euro que se resta a la pública.

El PP se ampara en la idea de la “libertad”, un término que repiten casi como un mantra en los últimos tiempos, para justificar estas decisiones. Sin embargo, esa supuesta libertad no es otra artimaña para transferir fondos públicos a empresas educativas con el objetivo de evitar que disminuya el alumnado en sus aulas y, por ende, sus ingresos. Hoy por hoy, existen más de 2.000 plazas vacantes en los institutos públicos de Aragón, un dato que evidencia que no estamos ante una necesidad social urgente, sino ante un modelo de negocio que, sin las subvenciones pertinentes, difícilmente sería rentable. De esta manera, se vuelven a desviar recursos públicos a etapas educativas no obligatorias, repitiendo un patrón ya vivido a finales del siglo pasado, cuando se abrió la puerta a concertar la etapa de 3 a 6 años mediante la Orden de 30 de diciembre de 1998, pese a que la educación obligatoria abarcaba, en aquel momento, de los 6 a los 14 años (hoy ampliada a los 16).

Conviene recordar que el origen del modelo de centros concertados surgió como una vía para universalizar la educación obligatoria y gratuita en un momento —1985, con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación del Derecho a la Educación (LODE)— en que la red pública no tenía aún capacidad para acoger a todo el alumnado en edad escolar obligatoria. Desafortunadamente, esta ley incluía una cláusula trampa, que también implica “libertad”, libertad para quien tiene dinero claro. Me refiero al artículo 51.3, que establece que, pese a que el régimen de conciertos garantiza la gratuidad y el acceso universal:

“las actividades extraescolares, así como las correspondientes cuotas que deban aportar los usuarios, deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar del centro y comunicadas a la Administración educativa correspondiente […] El cobro de ambos tipos de actividades podrá contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones”.

Este precepto ha permitido que muchos centros mantengan la facultad de restringir el uso de determinadas instalaciones a los hijos e hijas de las familias que no abonan dichas cuotas. Una práctica que dista mucho de ser inclusiva y equitativa, y que evidencia cómo ciertos resquicios legales pueden aumentar la segregación escolar y perpetuar desigualdades educativas bajo la apariencia de libertad de elección.

En España alrededor del 30% del alumnado de primaria y secundaria está matriculado en la escuela privada-concertada, y la inversión en este tipo de centros supone un 17% del gasto público en educación del país. Resulta llamativo que las tres comunidades que más recursos destinan a la escuela concertada —País Vasco, Cataluña y Madrid— coincidan, según datos de Save the Children, con las zonas del país con mayor renta per cápita. No es casualidad tampoco que sean sus centros concertados los que aplican las cuotas más elevadas a las familias: un mecanismo perfecto para no tener que desembolsar demasiado y, a la vez, evitar que sus retoños se mezclen con la “plebe” que no puede permitirse pagar dichas cuotas. ¿Es esta realidad la que quieren implantar en Aragón el señor Azcón y compañía?

Informes de distintos organismos —como el ya citado de Save the Children, “Por una escuela concertada inclusiva” (septiembre de 2024)— consideran que el sistema actual de concertación debe cambiar para que sea inclusiva para todos los niños y niñas, siguiendo el modelo de ciertos países europeos, como Suecia, Reino Unido o Países Bajos donde el Estado financia el 100% de la enseñanza concertada, evitando que las familias tengan que asumir cuotas adicionales. Su objetivo es que los niños y niñas de entornos más desfavorecidos puedan tener acceso de igual manera a este tipo de centros en igualdad de condiciones que el alumnado que hoy estudia en esta red. Sin embargo, esta medida podría conducir al mismo riesgo que estamos observando hoy: reducir progresivamente la inversión en la escuela pública para alimentar la narrativa de que no funciona y es deficitaria, mientras se incrementa la financiación destinada a la red privada subvencionada. Un camino que, lejos de ampliar la libertad de elección, orienta de forma sutil —y no tan sutil— a las familias a que opten por este tipo de centros.

Desde Chunta Aragonesista reclamamos que se deje de manosear un concepto tan valioso como es la “libertad” para justificar unas prebendas excesivamente generosas a empresas que gestionan un servicio esencial, pero cuya función no siempre es imprescindible, pues hacen más daño a la escuela de todos y todas que beneficios a la sociedad. Exigimos una revisión profunda del sistema de conciertos educativos y que estos se sometan a los mismos criterios de planificación y cierre de aulas que se aplican a la escuela pública. Solo así podremos avanzar hacia un modelo realmente equitativo y transparente.