“Con algunas vacilaciones iniciales, las tres asociaciones [CFA, EFA y SLA] aceptaron el arbitraje el 8 de abril de 2016, a partir de cuya fecha se inició un proceso que se prolongó durante varios meses y que comenzó con la elección de tres lingüistas de entre los propuestos por dichas asociaciones y que fueron aceptados por ellas”.

 

Hace poco más de un año la Academia Aragonesa de la Lengua (AAL) anunciaba que se había alcanzado un acuerdo sobre la norma ortográfica del aragonés. Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y hubo quien pensó que con ello se terminaba de una vez por todas con los desencuentros que la cuestión gráfica había suscitado entre los “defensores” del aragonés.

Sin embargo, los desacuerdos no se han zanjado en parte a causa del proceder de algunos académicos en los últimos años. Veamos.

De dónde venimos

Para empezar, el llamado “acuerdo” fue en realidad la escenificación de un desacuerdo con numerosas irregularidades. El texto que la Academia envió al BOA volvió a mostrar la forma de actuar de algunos académicos que escamotearon la publicación del voto particular que la ley les obligaba a incluir como parte inseparable del “acuerdo”. Dicho voto particular, formulado nada menos que por tres académicos del “tercio” universitario y doctores en filología fue ignorado y escondido.

En realidad, esta forma de proceder ya venía de atrás. Viajemos en el tiempo hasta el verano de 2015.

En aquel momento se acababa de crear una Dirección General de Política Lingüística (DGPL) en el Gobierno de Aragón. Una noticia extraordinaria que fue posible gracias a la llegada de Chunta Aragonesista al gobierno resultante de las elecciones autonómicas de aquel año. Todo un hito histórico tras casi 40 años muy poco fructíferos en materia de protección de nuestras lenguas minoritarias: el aragonés y el catalán de Aragón.

En el caso del aragonés, la falta de actuaciones en esta materia por parte de las administraciones públicas había contribuido a desatar una lucha por liderar el movimiento asociativo, en la que la grafía se llegó a convertir en el identificador grupal de las distintas entidades que pugnaban por hacerse con ese liderazgo. Tanto es así que los sociólogos Eito & Marcuello (2020) llegan a afirmar sobre la divergencia gráfica que “da la impresión que sólo es una excusa”. Desafortunadamente, el desencuentro degeneró en posturas intransigentes y cerradas que dieron al traste con el consenso alcanzado en los años ochenta. Tras suscribirse en 1987 un acuerdo gráfico entre todas las asociaciones, posteriores divisiones internas derivaron hace unos años en la aparición de varias grafías más, convirtiendo el aragonés escrito en una especie de “reino de taifas”.

Para poder desarrollar sus cometidos, la DGPL se encontró, por tanto, con este gran escollo, que era la inexistencia de una ortografía y una gramática oficial. Para poder avanzar en el desarrollo de las tecnologías de la lengua o para asentar la incipiente presencia del aragonés en la escuela era preciso disponer de una norma universalmente aceptada.

Así las cosas, la DGPL inició un proceso de consenso para establecer una grafía común para la lengua aragonesa que superase la situación de coexistencia de diversas propuestas. Para poder alcanzar este “consenso gráfico”, en febrero de 2016, la DGPL, una vez constatado el acuerdo del movimiento asociativo sobre el particular, envió una carta a las asociaciones Consello d’a Fabla Aragonesa (CFA), Sociedat de Lingüística Aragonesa (SLA) y Estudio de Filología Aragonesa (EFA) en las que les proponía la participación voluntaria en un proceso de arbitraje que se sustanciaría a través de un informe vinculante emitido por tres expertos lingüistas elegidos por las propias asociaciones que defendían otras tantas grafías.

Con algunas vacilaciones iniciales, las tres asociaciones aceptaron el arbitraje el 8 de abril de 2016, a partir de cuya fecha se inició un proceso que se prolongó durante varios meses y que comenzó con la elección de tres lingüistas de entre los propuestos por dichas asociaciones y que fueron aceptados por ellas. Dicha aceptación quedó además corroborada por el hecho de que las 3 asociaciones continuaron en el proceso, aportando información a los 3 expertos y asistiendo a la comparecencia que tendría lugar con ellos en Barcelona.

 

Tres hombres y un destino…

Con el fin de dotar al proceso de rigor administrativo, por Resolución del Director General de Política Lingüística de fecha 4 de julio de 2016, se nombró a esos tres expertos para la elaboración de un informe para resolver, aunque solo fuera parcialmente, la disparidad ortográfica.

Los elegidos por las tres asociaciones eran tres eminentes romanistas que estaban objetivamente entre los mejores del mundo, de modo que la Dirección General se congratuló por el alto nivel técnico con el que se iba a iniciar el proceso.

De una parte, estaba Patrick Sauzet, lingüista occitano y profesor en la Universidad de Toulouse, por otro lado, Ramón d’Andrés, filólogo especializado en el estudio de la lengua asturiana y, finalmente, Michael Metzeltin, filólogo romanista y buen conocedor del aragonés.

Los lingüistas designados desarrollaron las tareas encomendadas, estudiando la documentación aportada por cada una de las tres asociaciones. A lo largo de varios meses la DGPL favoreció el intercambio de información entre los lingüistas y las tres asociaciones, organizando incluso una reunión presencial en el Centro Aragonés de Barcelona en noviembre de 2016. Todo el proceso se desarrolló siguiendo escrupulosamente una “hoja de ruta” pactada con las tres asociaciones.

Dicha hoja de ruta establecía literalmente que:

“El dictamen definitivo que emitan los lingüistas seleccionados será vinculante para las tres asociaciones y para la propia Dirección General, que lo reconocerá oficialmente y recomendará su uso de forma universal sin perjuicio de que la grafía oficial en sentido estricto sea la que establezca en su día la institución científica que se constituya tal como establece la legislación actualmente vigente.”

En este contexto, nada sorprendente resultó escuchar en Barcelona afirmaciones como éstas que están en los vídeos del canal de YouTube “lenguas de Aragón”:

SLA, Xavier Tomás: “estamos deseosos de oír el dictamen de la Comisión de Expertos a ver qué grafía adoptamos”.

EFA, Manuel Castán: “Las tres entidades nos hemos comprometido a aceptar el dictamen que ustedes hagan. Nos hemos comprometido y yo desde luego sí garantizo que ese compromiso lo aceptaré”.

Finalmente, los lingüistas emitieron un informe en el que constataban que cualquiera de los tres sistemas ortográficos propuestos hasta el momento era susceptible de ser solventemente razonado y defendido por igual, ya sea utilizando argumentos estrictamente lingüísticos (correspondencia con la fonología de la lengua, coherencia interna), socioculturales (aceptabilidad social, estética visual, individuación gráfica entre las lenguas del entorno) o simplemente didácticas (facilidad en su manejo).

Afirmaban, asimismo, que esta controversia gráfica era muy perjudicial para cualquier proyecto de normalización social del aragonés, una lengua cuya difícil situación y perspectivas de futuro exigen referencias comunes por parte de todos sus hablantes y cultivadores.

Concluían asegurando que, “como filólogos que apreciamos la lengua aragonesa y los esfuerzos de su comunidad de hablantes para dignificarla y darle un futuro viable, nada nos satisfaría más que contribuir positivamente a esa gran empresa colectiva”.

Con estas palabras hermosas y sensatas se resumía el espíritu de un informe que dio lugar a la Resolución de 16 de mayo de 2017 del Director General de Política Lingüística por la que se daba publicidad a algunos aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa, y que fue publicada en el BOA, el día 28 de junio de 2017.

Esta grafía, nacida de un compromiso voluntariamente aceptado, sería utilizada institucionalmente, mientras no se dispusiera lo contrario en una norma de rango superior.

Esta Resolución, tal como venía pactado de antemano, era vinculante para el Gobierno de Aragón, y también lo era para las tres asociaciones (CFA, SLA y EFA) que según el compromiso que adquirieron “utilizarán, cuando escriban en aragonés, la grafía resultante que describa el dictamen y promoverán su uso en todo caso, renunciando a grafías o propuestas diferentes.”

Una vez cumplidos los objetivos del proceso para establecer de una forma consensuada una grafía común para la lengua aragonesa y sus modalidades lingüísticas, la DGPL impulsó el proyecto de decreto del Gobierno de Aragón, por el que se aprobarían los estatutos de la AAL.

…y varios hombres sin palabra

Mientras que la DGPL cumplió su compromiso desde el primer momento, adoptando la nueva grafía para sus comunicaciones y publicaciones institucionales en aragonés, la actitud de las tres asociaciones implicadas en el proceso fue bien diferente.

Ninguna de las tres cumplió su palabra y – en el caso de la SLA y EFA – sus exabruptos fueron más allá de la cortesía y el buen tono. Diríase que simplemente esperaban que los expertos eligiesen su sistema gráfico como el mejor y al no ser así se enrocaron en lo que podría calificarse de auténtica pataleta adornada con groseras descalificaciones que acabaron por provocar la retirada de los expertos con una mezcla de incredulidad, tristeza y enfado más que justificado.

El 5 de julio de 2017, la SLA y el EFA, publicaron un comunicado conjunto en el que manifestaban su “absoluta disconformidad tanto con la forma en que se ha llevado a cabo el proceso como con el resultado del mismo”, por lo que “ni usarán ni aconsejarán” el uso de la norma establecida por los 3 expertos.

En el comunicado criticaban por igual a los expertos (elegidos y aceptados por ellos mismos, no lo olvidemos) por “la pobreza del dictamen (…) pobre, incoherente y falto de rigor”, y a la DGPL por “la total opacidad y oscurantismo del proceso, tanto en la elección de los expertos como en los distintos pasos posteriores”.

De esta forma anunciaban públicamente su renuncia a cumplir con los acuerdos voluntariamente suscritos en el momento de aceptar el arbitraje. Al contrario que el resto de los escritos remitidos a lo largo de todo el proceso por cada una de estas dos asociaciones, que estaban redactados en aragonés, en esta ocasión -al hacerlo conjuntamente- el texto figuraba en castellano. No eran capaces de ponerse de acuerdo ni para lanzar sus diatribas.

En cualquier caso, estaba claro que era mejor cuestionar a los mejores expertos de la romanística (aunque los hubieran elegido ellos mismos, insisto) o a la innegable buena voluntad de la DGPL antes que admitir lo que era una obviedad: habían faltado a su palabra.

Así se nombraron a los académicos

Es significativo el hecho de que el procedimiento administrativo para promulgar el decreto con los estatutos de la AAL fue torpedeado y ralentizado por entidades como EFA, Nogará y el Partido Popular cuyas alegaciones rechazando la constitución de la AAL eran prácticamente coincidentes.

A pesar de todas estas dificultades, la DGPL continuó adelante con su empeño de constituir la Academia.

Según la normativa los quince primeros académicos debían proponerse por la Universidad de Zaragoza, las Cortes de Aragón y el Gobierno entre personas que reunieran los requisitos establecidos en la Ley y los Estatutos, lo que debía ser constatado y avalado por las instituciones proponentes (personas de reconocido prestigio en el ámbito de la filología, literatura y lingüística, preferentemente doctores, y con preferencia de nativos hablantes, que cuenten con una larga trayectoria en la práctica y el fomento de los valores lingüísticos y literarios propios de la comunidad aragonesa).

La Universidad de Zaragoza cumplió inmediatamente con el encargo, pero las Cortes de Aragón, a las que se solicitó en abril de 2018, dilataron casi un año (hasta el 21 de febrero de 2019) la propuesta ya que no existía acuerdo respecto al reparto de los candidatos y candidatas entre los diferentes grupos políticos. El PP llegó a presentar una propuesta a finales de 2018, pero con defecto de forma, que fue desestimada por la Mesa de las Cortes y, finalmente, en el penúltimo pleno de la legislatura 2015-2019 se presentó una candidatura que incluyó 2 nombres por parte del PSOE (un hombre y una mujer, del ámbito lingüístico del catalán –José Bada y Merxe Llop) y tres por parte de Podemos (tres hombres, todos del ámbito lingüístico del aragonés –Manuel Castán, Juan Pablo Martínez y Francho Rodés). Quedaba pendiente, por tanto, la propuesta del Gobierno de Aragón en cuyo seno tampoco se consiguió el acuerdo necesario, terminando la legislatura pues las Cortes se disolvieron a finales de marzo de ese año.

En la legislatura siguiente, 2019-2023, se retomó la cuestión, quedando para el Gobierno de Aragón la difícil tarea de equilibrar, en lo posible, el género (muy masculinizado tras los hechos por las Cortes) y el número de cada una de las lenguas (también desequilibrados en el mismo ámbito) y consiguiendo en la negociación que se incluyeran las personas que se propusieron desde la DGPL (Ánchel Conte, Carme Alcover, Ramón Sistac, José Solana y María Ángeles Ciprés) lo que no había sido posible con anterioridad.

 

Epílogo

Una vez controlada la Academia (al menos en lo que al aragonés se refiere) por las personas que ya habían dado muestras de su forma de actuar, ya sólo era cuestión de tiempo el que pasasen el rodillo de la supuesta autoridad jurídica que les confería la denostada Ley de lenguas.

Y es así como volvemos al principio de la historia, a esas batallas estériles que no han hecho sino retrasar el proceso de recuperación del aragonés; a ese acuerdo normativo sobre la norma ortográfica del aragonés que pretenden que sea el punto y final de los disensos gráficos pero que en realidad nace huérfano de consenso. La supuesta autoridad jurídica es una cosa y la autoridad moral es otra bien diferente.

Una grafía más que se suma a la ceremonia de la confusión de esos “defensores” del aragonés que en realidad parece que sólo defienden su propio ego.

No; no hay ningún consenso, ni lo habrá durante mucho tiempo mientras no cambien las actitudes de algunas personas cuya visión de la lengua aragonesa nos trae a la cabeza el famoso título de aquel tango…¡la maté porque era mía!

Afortunadamente, hay vida fuera de esos círculos…¡y mucha más de lo que se creen quienes se miran el ombligo! Y esa “mayoría silenciosa”, ajena a todas estas académicas intrigas, seguirá construyendo espacios amables y simpáticos alrededor de la lengua aragonesa, con la música, con la poesía, con la artesanía, con encuentros arredol d’una chaminera mientras se degusta un buen vino del Somontano…¿será un Conzieto?