“Cada año desaparecen en Aragón 200 agricultores y agricultoras, 200 puestos de trabajo que se pierden en el medio rural. Si no se hacen políticas reales donde se apoye al modelo profesional y social asentado en nuestra Comunidad, lo que siempre ha sido la agricultura familiar, dentro de 50 años nos encontraremos con un territorio baldío en las zonas más deprimidas agrícolamente y captado por los fondos de inversión internacionales en las zonas más productivas.”.

 

La UAGA no es una organización que se haya significado por la solicitud constante al Gobierno de Aragón de más presupuesto. Todo lo contrario, somos una organización que conoce las necesidades del territorio en el que vivimos. Sabemos que la situación económica de nuestro gobierno y de nuestro territorio es insuficiente para atender las necesidades y demandas, por eso siempre hemos querido que los recursos se utilicen la mayor eficacia y eficiencia, por ejemplo, para fortalecer la educación pública, para disponer de una sanidad de calidad, en especial en el medio rural.

Por eso, las reivindicaciones de UAGA han sido siempre fruto del rigor, del debate y del mayor consenso para no perjudicar a una maltrecha economía como la de Aragón. De hecho, cuando empezamos a exigir las ayudas directas por la sequía, también trabajamos a nivel estatal, a través de COAG, para que se cofinanciaran por parte del Ministerio de Agricultura, y poder paliar así los efectos de una segunda campaña marcada por la sequía en gran parte de nuestra comunidad. De ahí que nos sorprenda la arbitrariedad de este Gobierno a la hora de enfocar las inversiones y de apoyar a las actividades económicas de la Comunidad.

Cuando el Gobierno de Aragón anunció que destinaría 7 millones de euros para mitigar los daños por sequía, como sabíamos que se trataba de un presupuesto raquítico para atender a todas las necesidades, insistimos en que esas ayudas fueran destinadas a las explotaciones más vulnerables, a las personas cuyos ingresos dependen exclusivamente de la actividad agraria. Sin embargo, la administración indicó que, para agilizar el pago, las ayudas irían dirigidas a todas las personas que tramitan la PAC. Esto nos lleva a que, en lugar de utilizar los fondos públicos de forma quirúrgica para mitigar las pérdidas sufridas por los agricultores y agricultoras profesionales, el Gobierno de Aragón ha optado por incluir como beneficiarios a gente que tiene otra fuente de ingresos ajena al campo.

Por tanto, en UAGA nos indigna que el Gobierno de Jorge Azcón no disponga de dinero para apoyar a las explotaciones agrarias profesionales, cuando son las encargadas de producir alimentos y de vertebrar el territorio, y en cambio sí que tenga cientos de millones para destinar a la remodelación de un campo de fútbol o a los equipamientos de las pistas de esquí.

En UAGA no vamos a perder el norte y vamos a seguir trabajando con la misma filosofía. El dinero público que se destine a la agricultura y ganadería debe estar focalizado en aquellas personas que viven exclusivamente de la actividad agraria. No podemos admitir que un agricultor profesional de la provincia de Teruel, que se ha quedado sin ingresos esta campaña porque no ha tenido cosecha de cereal, reciba de la administración autonómica como único apoyo por los daños de la sequía unos 2.000 euros (una ayuda que solo cubre el 15% de los gastos acometidos durante las labores de siembra, porque la superficie subvencionable está limitada), mientras que otra persona de su pueblo que trabaja unas cuantas hectáreas, pero que tiene otro negocio como principal fuente de ingresos, va a percibir la misma ayuda (y en el caso de que sea menor de 40 años, recibirá el doble). Es cierto que ambas personas han realizado los mismos gastos, pero solo una de ellas está en situación de vulnerabilidad o al borde de la quiebra económica.

Cada año desaparecen en Aragón 200 agricultores y agricultoras, 200 puestos de trabajo que se pierden en el medio rural. Si no se hacen políticas reales donde se apoye al modelo profesional y social asentado en nuestra Comunidad, lo que siempre ha sido la agricultura familiar, dentro de 50 años nos encontraremos con un territorio baldío en las zonas más deprimidas agrícolamente y captado por los fondos de inversión internacionales en las zonas más productivas. Vamos camino de perder ese medio rural que tanto se insiste en defender, porque no lo olvidemos, que la agricultura y la ganadería son las principales actividades para asentar población en los pueblos.

Si no se revierte la sangría de 200 profesionales menos, y este año después de la sequía tan grave la previsión es que esa cifra aumente, las políticas que se hagan a futuro desde el Gobierno de Aragón y el Departamento de Agricultura se verán como unas políticas erróneas, unas políticas que habrán hecho desaparecer el tejido de explotaciones familiares y de autónomos en mundo rural. Trabajemos para que no haya ni uno menos ni una menos.

Se nos llena la boca de la calidad de los productos aragoneses, se nos llena la boca de la productividad de nuestro sector agroalimentario en Aragón, pero a la hora de defender el modelo de explotación, vemos como no se compensa adecuadamente. Las ayudas públicas no priorizan a las personas profesionales y por eso otros sectores se llevan las inversiones de una manera más fácil y con grandes aplausos por parte de la ciudadanía. Si la sociedad no se alía con el sector agrario y la parte política no es consciente de lo que está pasando, el futuro del medio rural aragonés quedará en entredicho. Tendremos alimentos, tendremos agricultura, pero sin agricultores ni agricultoras.