“Flaco favor se hace a la Institución si se trata de separar al Justicia de Aragón de los Derechos y las Libertades a las que tiene consagrada su actuación. Quien desempeña esta alta magistratura no necesita un día conmemorativo de su figura si no de reconocimiento de su implicación con la ciudadanía en la defensa de sus Derechos y Libertades”.

El 27 de junio (escribo estas líneas unos días antes) se cumplirán 40 años desde la aprobación de la Ley 4/1985, Reguladora del Justicia de Aragón. La recuperación de esta histórica figura se produjo tres años antes con la aprobación del Estatuto de autonomía del 82 y se hizo otorgándole el carácter de Institución Autonómica junto a la Presidencia, el Gobierno y las Cortes de Aragón. No obstante y pese a este reconocimiento, como vemos mucha prisa en aprobar la ley reguladora no nos dimos y, ¡oh sorpresa!, también nos tentamos la ropa bastante antes de nombrar a D. Emilio Gastón Sanz como primer Justicia de Aragón, para lo que hubo que esperar hasta diciembre de 1987 (lo que palidece si consideramos que, hasta 2018, siendo Justicia D. Ángel Dolado Pérez, no se produjo el nombramiento del primer Lugarteniente, en la persona de D. Javier Hernández García).

Cuarenta, en un país acostumbrado a cantarnos las cuarenta, fueron también los años que tardamos en dejar morir en una cama la última dictadura que hemos padecido por lo que cuatro décadas parece tiempo más que suficiente para proceder a reformas de todo tipo que se consideren necesarias. Fue por ello, por lo que acogí esperanzado la noticia de que el 23 de mayo, en las Cortes de Aragón, se había presentado una Proposiciòn de Ley de Reforma de la citada Ley 4/1985, toda vez que la necesidad de su reforma ha sido demanda, incluso desde la propia Institución, para adecuarse a los nuevos tiempos que vivimos; reforma que, por otra parte, ya han experimentado las normativas coetáneas, tanto del Síndic de Greuges catalán como del valenciano , este último en 2021 y aquel en 2009 y en 2022.(Peor suerte han tenido otros, como el castellano manchego y el asturiano, cuya reforma supuso su desaparición).

Es más, en el año 2024 se celebraron en Vitoria, auspiciadas por el Ararteko, unas Jornadas de estudio para una reforma legal de la Institución en la que participaron otras muchas defensorías autonómicas, europeas y española, entre ellas el Justicia de Aragón representado por su Lugarteniente, quien publicó un artículo en el diario decano bajo el título “El futuro de las defensorías” en la que planteaba la necesidad de “una profunda reflexión sobre qué Justiciazgo queremos como poco para los próximos cuarenta años”. Me consta que, a pesar de haber terminado durmiendo el sueño de los justos en algún cajón, desde el Justiciazgo se elaboró un borrador tanto de nueva Ley como de nuevo Reglamento sin que tuviera recorrido parlamentario alguno.

No incidiré en este artículo en las reformas sobre las que habría que plantear un necesario debate, pero para quien quiera hacerse una idea y no disponga del tiempo necesario para leerse el interesantísimo documento que surgió de las jornadas citadas cuyo enlace está en el párrafo anterior aquí le adjunto la versión resumida.

Me detendré, no obstante, en lo decepcionante que resulta que la Proposición de Ley que el Partido Popular presenta, no plantee ninguna reforma sustancial de la Institución si no que se limite, tal y cómo se reconoce en la Exposición de Motivos, a “incorporar al ordenamiento una declaración expresa” de algo que “durante las últimas décadas, la sociedad civil y las Instituciones aragonesas han venido conmemorando”; por un lado, y a reforzar “la difusión social del Derecho aragonés y el conocimiento de nuestra historia foral”, por el otro.

En el primero de los aspectos tratados, la incorporación de un nuevo artículo 40 en el que se declara oficialmente el 20 de diciembre de cada año “Día del Justicia de Aragón”, nada añade a lo que hasta ahora se estaba haciendo incluso antes de la recuperación de la figura del Justiciazgo. Copio aquí lo que figura en la propia web del Justicia de Aragón:

En 1935, un grupo de aragoneses residentes en Barcelona se trasladó a Zaragoza para realizar un homenaje ante el monumento. En 1977, Rolde de Estudios Aragoneses recuperó esta iniciativa, que mantuvo hasta que en 1982 pasó a ser organizada por la Diputación General y las Cortes de Aragón.

Desde 1988, es la institución del Justicia de Aragón la encargada de realizar un homenaje en forma de ofrenda floral el día 20 de diciembre con la participación de las instituciones, entidades relacionadas con el derecho y otras representativas de la sociedad aragonesa

En todo caso parece que quiere cercenar la denominación con la que esta conmemoración y homenaje se venía realizando ya que, como se puede comprobar en la propia web del Justiciazgo, el 20 de Diciembre es el “Día del Justicia y de los Derechos y Libertades de Aragón”, denominación omnicomprensiva que trata de recoger las funciones de una Institución encargada de la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto de Autonomía. Flaco favor se hace a la Institución si se trata de separar al Justicia de Aragón de los Derechos y las Libertades a las que tiene consagrada su actuación. Quien desempeña esta alta magistratura no necesita un día conmemorativo de su figura si no de reconocimiento de su implicación con la ciudadanía en la defensa de sus Derechos y Libertades.

En cuanto al segundo de los aspectos tratado por la Proposición de Ley quiero hacer notar, en primer lugar, que hubiera sido más conveniente, en su caso, crear una nueva Disposición adicional –la segunda– ya que al darle carácter de única hace desaparecer la actualmente existente que es la que da cobertura legal a la existencia de un Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución que, en estos momentos, está plenamente vigente; máxime cuando el epígrafe de la D.A. alude a “Actos conmemorativos y habilitación reglamentaria”.

Resulta curioso que, por lo que ha habilitación reglamentaria se refiere, la D.A. de la Ley del 85 se le atribuía al Justicia de Aragón la iniciativa para presentar el proyecto de Reglamento a la Mesa de las Cortes de Aragón para iniciar el debate parlamentario y ,en esta nueva D.A., en su párrafo 2º tan sólo se alude a la potestad normativa del Gobierno de Aragón en materia de cultura, educación y patrimonio histórico para poder realizar los actos institucionales, académicos y de divulgación que destaquen la importancia del Justicia y fomenten el conocimiento y respeto del Ordenamiento Jurídico Aragonés”.

Si la intención de atribuir la organización conjunta de los actos institucionales del 20 de diciembre supone, en alguna medida, cercenar la autonomía y libertad que, dentro de sus magras disponibilidades presupuestarias, tenía la Institución del Justicia para diseñar y ejecutar sus actos propios no puedo estar más en desacuerdo. Si la intención, no obstante, es concienciar al resto de Instituciones de la importancia de sumarse a la conmemoración sin que se tengan que vivir actos de contraprogramación por parte del Gobierno de Aragón como vivimos en alguna ocasión, bienvenida sea la coordinación.

Pero en cuanto a la coordinación en actos académicos y de divulgación a los que hace referencia el citado párrafo 1 de la D.A. permítanme señalar que son numerosos los ejemplos que, sin necesidad de esperar a esta reforma, se han ido desarrollando a lo largo de los años.

Así, desde el año 1991, se celebra el Foro de Derecho Aragonés, cuya trigésimo cuarta edición se celebrará este año y que, coordinado por el Justicia de Aragón, implica las siguientes Instituciones y Entidades: El Gobierno de Aragón, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Cámara de Cuentas, la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y legislación, la Facultad de Derecho de UNIZAR, la Universidad San Jorge, el Colegio Notarial, los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, el Colegio de Procuradores de Zaragoza y el Colegio Aragonés de Registradores.

Ya son 17 los años durante los cuales se ha publicado la revista trimestral “Actualidad del Derecho en Aragón” (en abril se publicó el número 56), en cuyo Consejo de Redacción, además del personal del Justiciazgo, colaboran personas de la Dirección General de Desarrollo Estatutario, de la Asociación de Letrados de la Comunidad Autónoma, de la Facultad de Derecho de UNIZAR y del Colegio Oficial de Graduados Sociales.

Desde el año 2000 hasta el 2008 se celebraron VIII ediciones de los “Encuentros de estudios sobre el Justicia de Aragón” que, lamentablemente no han tenido continuidad y que, quizá, al calor de este nuevo espíritu de coordinación podrían resucitar.

También se creó, hace unos años, la Catedra de Derecho Civil y Foral de Aragón mediante un Convenio entre la Universidad de Zaragoza, el Justicia de Aragón, las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón,  cuyos “objetivos son todos los relacionados con la investigación del Derecho Civil y Foral de Aragón, el apoyo e incentivación de proyectos de investigación, tesis doctorales, trabajos fin de máster y de fin de grado, la realización de congresos y jornadas (tanto científicos como de divulgación), la edición de publicaciones…”

 

También debemos señalar que, en colaboración con la Facultad de Derecho de UNIZAR, se organizan anualmente desde el año 2002 las “Jornadas de la Constitución” en las que prestigiosos juristas analizan los Derechos y Deberes Fundamentales del Título I de nuestra Carta Magna y, en colaboración con la Fundación Manuel Giménez Abad de estudios parlamentarios y del Estado autonómico, desde el año 2019 se viene celebrando el “Foro de Derechos Ciudadanos” centrándose en “el análisis del Título I del actual Estatuto de 2007, dedicado a los derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas, y a establecer los principios rectores de las políticas públicas”.

Sin duda se podrán coordinar más actuaciones en beneficio de la difusión social del Derecho aragonés y el conocimiento de nuestra historia foral pero no ha sido escasa la labor desarrollada hasta el momento sin esperar a la reforma. De lo que tampoco cabe duda es que la figura del Justicia de Aragón está indisolublemente ligada a los Derechos y Libertades de la ciudadanía aragonesa y que resultaría muy empobrecedor diluir ese vínculo a la hora de conmemorar una Institución tan querida en nuestro País. Esperemos que en el proceso legislativo triunfe la sensatez y se retome la denominación ya asumida y quedamos a la espera de la reforma integral que tanta falta hace para adaptar la Institución al tiempo en que va a tener que desarrollar su labor.