“A veces, se criminaliza a esos trabajadores y trabajadoras por cuanto se elabora todo un discurso de criminalización que ha calado en la población, manteniendo posicionamientos ideológicos que se pueden denominar de antidemocráticos o xenófobos.”

 

En estos momentos se está discutiendo políticamente si se lleva a cabo una nueva regularización de personas extranjeras que residen en el estado español. Un proceso altamente demandado por una parte de la población que solicita la consolidación de un status, que, sin la norma legal, les condena a muchísimas personas de origen extranjero, a vivir ocultas por miedo a la expulsión.

Los procesos de regularización no son nuevos en España. Hace más de 25 años que se iniciaron y con el Gobierno de Zapatero, en el 2005, llegaron a conseguirlo más de 500.000 personas.

En este año 2024, y motivado por una ILP al amparo de la recogida de firmas de más de 600.000 personas, se vuelve a plantear la necesidad de volver a llevarla a cabo. Se calcula que nuevamente medio millón de extranjeros podrían obtener papeles de residencia y trabajo.

Pues bien, estos procesos intermitentes están demostrando que, aunque la legislación restrinja el acceso a un país a muchísima gente que busca una mejor vida, o que huye de guerras, conflictos o incluso crisis vitales, no dejan de arriesgarse aun sabiendo que la irregularidad administrativa va a ser una constante durante años. Convertirse en el mal llamado “ilegal” es entrar en círculos marcados muchas veces por la marginalidad y el ocultamiento social. Pero esto no quiere decir que no busquen empleo, y que, si lo consiguen, lo hagan en una economía sumergida que incluso propician los mismos contratadores.

La ley de la oferta y la demanda en sectores productivos determinados, como en la agricultura por parte de los hombres y en la economía de los cuidados personales, como en el caso de las mujeres, acoge, hoy en día, gran parte de esa mano de obra en situación irregular.

A veces, se criminaliza a esos trabajadores y trabajadoras por cuanto se elabora todo un discurso de criminalización que ha calado en la población, manteniendo posicionamientos ideológicos que se pueden denominar de antidemocráticos o xenófobos. El miedo al extranjero, al extraño, al “otro” se fabrica para construir una supuesta identidad “nacional” excluyente.

Sucintamente se puede afirmar que esto, que está ocurriendo en el entorno de los países del Sur de Europa (y no solo aquí), no es novedoso. Estamos asistiendo a la revitalización de partidos políticos que enarbolan la bandera del odio al extranjero como antítesis del “nosotros nacional”. Los peligros que para la convivencia democrática tienen estos discursos se están viendo no solo en las calles, sino en los diferentes parlamentos a nivel estatal, autonómico y local. La deriva que todo ello puede tomar es impredecible, por cuanto los actos de racismo ya son muy numerosos, demasiados, tal vez se debería, como sociedad, plantear que modelo de convivencia multicultural se desea.

La coexistencia de personas de diferentes orígenes en sí misma no es suficiente. En un mismo espacio geográfico y social pueden cohabitar, pero no interactuar. Es bien cierto que, frente a modelos de segregación, homogeneización de la diversidad cultural o del no reconocimiento de todos aquellos y aquellas que no han nacido en el territorio, que se corresponden con modelos políticos estatales de algunos de los países europeos de nuestro entorno, en España no hay un modelo de convivencia definido políticamente. Siempre se ha pensado que aquí los extranjeros que llegaban (y no hay que referirse a los turistas ni a los que tienen su residencia dorada en este territorio) lo iban a hacer por un tiempo determinado, mientras se mantuviera la necesidad para contribuir a la economía de una manera temporal, y que luego retornarían a sus países de origen.

Las personas que llegaron hace más de 30 años vinieron para quedarse la mayor parte de ellos y muchos consiguieron la nacionalidad española Bien es verdad que otros muchos llevaban en su proyecto migratorio la voluntad de retorno. Es muy significativo como, la evaluación de la población de origen ecuatoriana ha determinado que muchos retornaran a su país de origen a medida que la economía y la situación política en origen mejoró. También es cierto que durante la etapa del Covid-19 la población extranjera descendió.

Pero no es el caso. Por concretar lo que ocurre en Aragón, el aumento de ciudadanía extranjera ha sido paulatino. Es una comunidad autónoma receptora de población. Con los últimos datos del censo de población extranjera, aquí residen 164.762 personas, lo que equivale a un 12,42% de la población total. Por provincias, en Huesca son el 13,21%, en Zaragoza el 12,35% y en Teruel el 11,61%. Pero si se recogen los datos en términos absolutos, en Zaragoza hay unas 98.000 personas.

La concentración de ese mayor número es desigual en la ciudad. Se puede señalar que el Distrito de Delicias (25%), Casco Histórico (23%), San José y Las Fuentes (19% respectivamente) son los que presentan mayor número de personas de origen extranjero. Y si nos atenemos a los países de origen, Rumanía (23.000), Nicaragua (10.000), Colombia (8.000), Marruecos (7.000) y China (5.472) son los más representativos. Hay que tener en cuenta que los datos se extraen del padrón municipal, por tanto, es un requisito registrarse, aunque se puede aventurar que hay un porcentaje que no está inscrito en ningún registro.

Cuando en el título de este texto se apunta a que emigrar es una necesidad, no se quiere hacer referencia exclusivamente a lo que las personas migradas (y sus familias) sienten antes de partir de sus lugares de origen. Hoy cada vez más hay que contemplar las migraciones mundiales como movimientos de población en contextos transnacionales, de tal manera que ambos espacios, el de origen y el de destino, están interconectados. Las nuevas herramientas de comunicación hacen posible que las interconexiones sean continuas y que los intercambios de capitales entre uno y otro se mantengan. Quiere decir, que los retornos de dinero a los países de origen también son constantes pues seguramente era el compromiso contraído con la familia antes de la partida.

La necesidad también está en las áreas receptoras. Hay personas migradas porque hay nichos de empleo, subalternos muchas veces, que cubrir. Nadie entiende hoy, por ejemplo, quién cuidaría a las personas mayores dependientes si no hubiera mujeres dispuestas a vender su fuerza de trabajo, a veces con sueldos muy precarios y en condiciones inhumanas y sin contrato de trabajo regularizado.

Por todo ello, y para concluir, no es solo la necesidad lo que llevaría a un cierto grado de aceptación de extranjeros en territorio español y aragonés. Eso significaría una actitud bastante mercantilista de las personas. Migrar también es un derecho; derecho a moverse por espacios ajenos al de origen, como personas libres que quieren desarrollar su proyecto vital en contextos multiculturales, que valoren la interculturalidad como modelo de convivencia comunitaria no utilitarista.