“Ninguna institución, ni siquiera nuestro Ayuntamiento propietario del edificio, puede apropiarse de un bien patrimonial como este imponiendo su voluntad sobre el mismo. La Lonja no sólo es de todos los aragoneses, sino que por su extraordinaria relevancia histórico-artística junto con las otras tres lonjas de la Corona de Aragón (Valencia, Barcelona y Mallorca), aspira a convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO, y por tanto ser un bien que importa y apela a toda la Humanidad”.

 

Abrazo a la Lonja

El desarrollo de una sociedad no se mide sólo por lo que crea, sino también por lo que sabe conservar. Y conservar no es sólo intervenir materialmente en la arquitectura histórica o en otros bienes culturales para asegurar su preservación material, sino que incluye un extenso tipo de medidas que directa o indirectamente afectan a la existencia de cualquier elemento patrimonial, entre ellas la protección legal a través de la declaración como Bien de Interés Cultural y la difusión social. Tradicionalmente han sido las instituciones públicas las que han liderado estas acciones, pero cada vez más la sociedad civil ha ido reclamando un espacio en el ámbito de la tutela patrimonial, al entender que el patrimonio cultural no sólo es un elemento de construcción social en el que se materializan las huellas de nuestro pasado, sino sobre todo un derecho cultural.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 44, ya establece el derecho al acceso a la cultura y la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar este derecho. A ello se añade que, entrado el siglo XXI, se ha producido un cambio sustancial en la tutela del patrimonio cultural consistente en el reconocimiento del derecho de la comunidad patrimonial a participar en la toma de decisiones en relación con el patrimonio. No se trata sólo de que podamos disfrutar el patrimonio, sino que como colectivo social comprometido con el mismo tenemos el derecho a participar en su gestión. Este notable cambio implica un giro de 180 grados que, sin embargo, no ha sido todavía suficientemente llevado a la práctica. Si durante décadas era la administración estatal, luego autonómica, la responsable de la gestión patrimonial, ahora somos todos los que nos sentimos próximos al patrimonio cultural los que debemos ser partícipes de esta acción. Si antes se tomaban decisiones de arriba abajo (por decirlo de una manera simplificada), ahora es la comunidad patrimonial la que debe participar, hablar, ser escuchada y también decidir (lo que implica una gran responsabilidad por nuestra parte, no lo olvidemos). Es un cambio sustancial que afecta decisivamente al caso de la intervención en la Lonja discutida en este momento.

El impulso viene dado por el Consejo de Europa, que en la Convención de Faro (Portugal) de 2005, redacta y difunde el Convenio Marco sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Es este un tratado multilateral ratificado por 20 países, entre ellos España, que lo firmó en 2018. En este documento, de obligado cumplimiento una vez ratificado, se afirma que el patrimonio cultural es una aportación clave para construir una sociedad pacífica y democrática, a la vez que un factor fundamental en el proceso de desarrollo sostenible y de promoción de la diversidad cultural (artículo 1.d). Asimismo, los estados firmantes (insisto, España es uno de ellos), se comprometen a “promover el respeto a la integridad del patrimonio cultural, garantizando que las decisiones que supongan cambios partan del entendimiento de los valores culturales que le son inherentes” (artículo 9.a). En el artículo siguiente, se repite el compromiso para “garantizar que estas políticas respetan la integridad del patrimonio cultural sin poner en entredicho sus valores intrínsecos” (artículo 10.c). Un aspecto fundamental de este documento es que, por primera vez, se define el concepto de comunidad patrimonial como el conjunto de personas “que valoran aspectos específicos de un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a futuras generaciones, en el marco de la actuación de los poderes públicos”, una definición con la que, sin duda, nos identificamos todos aquellos que amamos el patrimonio cultural aragonés.

Abrazo a la Lonja

A la luz del compromiso con el patrimonio cultural y sobre todo, con la comunidad patrimonial expresado por el Consejo de Europa en la Convención de Faro, la intervención propuesta en la Lonja por el Ayuntamiento de Zaragoza amenaza seriamente la integridad y los valores culturales de este singular monumento, que han sido expuestos por reputados estudiosos en diversos medios de comunicación, razón por la cual no volveré sobre ellos. Pero quiero insistir en el hecho de que el Ayuntamiento está eludiendo la obligación de escuchar, respetar y hacer partícipe de la tutela patrimonial a la comunidad patrimonial que se ha expresado de manera rotunda sobre el proyecto planteado y, en general, sobre la conservación del edificio (no puede olvidarse la desacertada -y por fortuna abandonada- propuesta de hacer accesible y acondicionar para uso museístico la falsa del edificio).

Ninguna institución, ni siquiera nuestro Ayuntamiento propietario del edificio, puede apropiarse de un bien patrimonial como este imponiendo su voluntad sobre el mismo. La Lonja no sólo es de todos los aragoneses, sino que por su extraordinaria relevancia histórico-artística junto con las otras tres lonjas de la Corona de Aragón (Valencia, Barcelona y Mallorca), aspira a convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO, y por tanto ser un bien que importa y apela a toda la Humanidad.

La Lonja es nuestra, porque amamos este extraordinario edificio histórico en el que nos vemos identificados y porque somos una comunidad patrimonial implicada en su conservación. Escuchen nuestra voz. Tenemos derecho a ello.