LA HUELLA DE CARBONO QUE AFECTA A ESTE DESTACADÍSIMO EDIFICIO Y LAS BIOS DE LOS INFORMANTES

Aedificia et lites pauperiem faciunt

“En relación con un infame Informe obra, según la prensa, de dos facultativos cuya proximidad a la materia y a la época arquitectónica no es su fuerte, siendo sus principales cualidades la proximidad al Poder. Aparentemente, los arquitectos mencionados más adelante son autores del “Infame” encargado por la Administración Aragonesa que tiene la responsabilidad de la Protección del Patrimonio Cultural Aragonés, pero que prefiere limitar sus competencias en esa -les parece- incomoda función antidepredadora e intensificar su máquina brutal de destrucción legal.”

 

I.- CONSIDERACIONES GENERALES

En primer lugar, es obvio que la decisión de no proteger ese brillante y “bruto” -por lo provocador- edificio, fue tomada fuera de aquí, fuera de nuestra tierra hace algunos meses. Son tres las Administraciones asociadas en la transformación muy lucrativa de la gran parcela situada detrás del Caixa Forum[1] sobre las vías enterradas del tren y en la pastilla edificable de la calle que homenajea al fundador del Opus Dei. Aparte y además de otras “ventajas” que los promotores habrán tenido en cuenta, no siendo la menor el doblegar y retorcer la iniciativa ciudadana para que no se convierta en una derrota del poder inmobiliario como lo fue en su momento el intento de expoliación del Mercado Central.

Aunque parezca increíble, no es un promotor privado ávido de obtener grandes beneficios, quien se apresta a destruir lo que no está justificado sino que son, a tercios iguales:

– El Gobierno de España, que se mantiene en el poder a duras penas aupados por sus inestables socios. Fue un edificio de Correos y, en fecha que desconocemos, fue transferido a la Administración De Infraestructura Ferroviarias (ADIF) dentro del mismo ministerio que dirige los trenes AVE y otras infraestructuras. El ministro tiene de apellido Puente, lo que se correlaciona lógicamente con su capacidad en esta materia y su liderazgo de una ciudad también especializada en las transformaciones especulativas como es Valladolid.

  • El Gobierno de Aragón. Que tiene competencias en materia de calificación de edificios y otros bienes culturales, inicialmente, se manifestó muy proclive a incumplir la ley afirmando que la competencia era del Estado, con una falacia jurídica y política digna de peor causa, recurriendo a una cita asistemática y provocadora del párrafo b) del artículo 6 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 que -decían desde la Dirección de Patrimonio Cultural- que le reservaba al Estado la potestad de proteger los bienes de interés patrimonial que [2] Finalmente, desde la Dirección General de Patrimonio del GA valoraron que esa posición no soportaba una lectura mínimamente cualificada desde el punto de vista jurídico jurista e incoando expediente conforme a la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés de 1999 junto con la definición exacta de las competencias que les corresponde a las Comunidades Autónomas como extensamente expuso y aclaró el Tribunal Constitucional en STC 17/1991. Efectivamente, ese artículo 6 faculta al Estado para ejercer medidas de autotutela con objeto de proteger los edificios adscritos al Patrimonio Nacional evitando su “expoliación”. Desde luego, el Estado -ADIF-, sin cinismo, todavía estaría a tiempo de impedir que la Sociedad que promueve la urbanización de la zona, le ordenara destruir el edificio brutalista del que es titular respetando así la letra y el espíritu del precepto de la LPHE.
  • El Gobierno Del mismo modo que no le había concedido protección alguna a otro inmueble, en un caso parecido y muy próximo en el espacio y en el tiempo, como fueron las naves de la Fundición Averly, este lo tenía olvidado;[3] sin duda porque ya poseían la misma información que tenían los “informantes”, autores del Informe descalificador de esa notable obra perteneciente al brutalismo de calidad.

Las tres Administraciones implicadas tiene, a lo que se ve, por principal objetivo especular e ingresar dinero por la venta del suelo edificable y, de ese modo, contrarrestar otros gastos que esas entidades públicas entienden como prioritarios: la reparación de infraestructuras ferroviarias o construir instalaciones deportivas lujosas.

Como añadido, puede decirse que cuando al GA le interesó la declaración como BIC de ciertos edificios singulares de la Expo 2008 así lo hizo, motu propio, y sin ruido ni alharacas, pues esta categoría de bienes está excluida de pagar el impuesto local, Impuesto de Bienes Inmuebles, de manera que el Consistorio zaragozano, desde entonces, ha dejado de ingresar una bonita cantidad de euros, situación que ahora podrá corregir. La iniciativa de APUDEPA, loable como siempre, pedía la calificación del edificio brutalista de CORREOS-ADIF[4] como BIEN DE INTERÉS CULTURAL, o alternativamente, como BIEN CATALOGADO, pero se ha excedido, a mi juicio, en la precisión de la propuesta, pues simplemente, la solicitud debía limitarse a que fuera reconocido en cualquiera de las categorías de los que contempla la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón.[5]

A estos efectos, hay que recordar que los edificios de las ciudades españolas, en un grado u otro de definición, pueden tener cierta protección derivada de la normativa urbanística que se plasma en los Catálogos de Edificios y Conjuntos de Interés.[6]

Esos Catálogos pueden ofrecer cierta protección pero en absoluto suficiente, por cuanto, a diferencia de la que deriva de la normativa sectorial de cultura, su calificación puede:

a)Ser corregida e incluso anulada muy fácilmente, a través de expedientes que se llevan con fruición al Pleno mensual ordinario de la Corporación sin la publicidad general expresa y adecuada que debería formar parte de la práctica política e interesar, obviamente, a la prensa local.

  1. Esta calificación urbanísticas, ex PGOU, puede ser perfectamente incumplida por cuanto la labor de “policía” le corresponde al propio Ayuntamiento y “el zorro no debería vigilar a las gallinas”.
  2. Aún incluidos en el Catálogo con consenso de los eruditos, de la opinión pública culta, de la Facultad de Letras de la Universidad, etcétera, puede perfectamente no tener consecuencia alguna, como es en Zaragoza, el caso denigrante y flagrante del Cine-Teatro Fleta, que lleva en la ruina más de dos décadas -hablo de memoria-.
  3. El Catálogo no ha sido revisado al alza en los gobiernos municipales de los últimos 6 años. Sí han recalificado en el entorno que nos interesa, convenientemente, parcelas de gran valor económico como el cuartel de General Mayandía, el antiguo Colegio de Jesús y María (calle Hernán Cortés) o este mismo que nos Pronto, sin duda, en el momento en que RENFE traslade ciertos equipos a la estación de Delicias, tendremos oportunidad de ver como la antigua estación de esa misma Avenida Clavé es demolida por “falta de salud del hormigón” que lo soporta y será derruida a través de procedimientos y ritmos adecuados, observando el trabajo y el dolor de cabeza que les ha provocado la movilización ciudadana que intenta salvar el edificio que fue Correos.

Finalmente, puedo recordar a todos los responsables públicos y privados que el Código Penal contiene una Sección dedicada expresamente a perseguir conductas que afectan negativamente al Patrimonio Cultural, y que atañe por igual a los que deciden como a los que preparan las decisiones criminales.[7]

II.- LA HUELLA DE CARBONO QUE REPRESENTA EL EDIFICIO

Se nos escapa a muchísimos ese empeño por conseguir que CORREOS-ADIF destruya a su costa el edificio que podría tener variados usos, con el único objetivo confesado de permitir la ampliación de la acera. A demasiados votantes nos parece sencillamente increíble, como a muchos facultativos y a otros profesionales jurídicos cualificados con los que hemos podido consultar. En cualquier caso, en ese mismo entorno, para resarcirse de una “parálisis” que viene de antes de la Expo 2008, dos Ministerios del Central -Ministerio del Interior y Ministerio de Transporte- han conseguido obtener, por fin, beneficios de su suelo, en conversaciones tan privadas y discretas como otras. Por supuesto, cualquier alegación vecinal que fuera, no ya contraria sino “ligeramente” distinta de sus propuestas, dibujadas por un conocidísimo despacho de arquitectos zaragozanos, cuyo apellido, recuerda el país en el que tuvo su origen la mafia italiana, iba a estar condenada al rechazo despectivo.

No es admisible que los poderes del estado profundicen en la especulación del suelo de ciudades que parece que no tienen otro capital, como es el tradicional caso de Valladolid o Zaragoza. Chueca Goitia, en conocida frase, ya advirtió que nuestra ciudad fue una de los más dañados por la especulación; también Valladolid, aprovechando que el Pisuerga pasa por debajo de más de un Puente.

El edificio, desde que fue construido, dejó una huella de carbono en la atmósfera del planeta que se amplió cuando fue usado por los trabajadores de Correos y por miles de ciudadanos a lo largo de su existencia. Esto es, tomó prestado de la atmósfera suficientes recursos respirables y los transformó en servicio público. Si se llegara a derribar dejaría una enorme inútil huella de carbono y en ese acto doblemente destructivo, pues el hormigón es difícilmente manipulable con garantías de seguridad. Cualquier otro edificio que se construya en su lugar será mucho menos sostenible que la opción de reutilizar el ya existente; bellamente provocador y, en el fondo, insustituible.

“No es cuestión de gustos personales el poder decidir personalmente si un edificio tiene o no tiene mérito; o si es o no es un monumento significativo para un ciudadano, una asociación patrimonialista o de vecinos, un colegio profesional, un departamento universitario o para cualquier partido político; en definitiva, si me gusta o no me gusta: “Todo” es, o todo puede ser, Patrimonio Cultural, dice la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón de 1999, tan lejos ya el momento histórico de su promulgación”.

III. LOS AUTORES DEL INFORME

Según recoge la prensa local son autores del Infame los arquitectos -en orden de antigüedad- Javier IBARGÜEN y Ricardo MARCO. Según el Gobierno de Aragón son “expertos”, pero es cierto que en ninguna norma, que sepamos, se exige una cualificación especial para expedir un informe sobre cualquier cosa; del mismo modo que no hay que ser experto en gestión empresarial para dirigir una empresa, ni privada ni mucho menos pública, ni mucho menos Direcciones Generales.

Como, parece que dicen los autores, desde luego, “arquitecturas” hay muchas y no se pueden proteger todas y mucho menos las brutalistas que, calificadas como BIC, no podrían ser modificadas, dicen. Curiosa interpretación “de experto”, esta última, pues si preguntáramos a arquitectos especialistas expondrían de qué modo se modifican y restauran los edificios protegidos, incluso BIC´s, solicitando una licencia de obras que después de los Informes Culturales procedentes, precise las intervenciones y respete el edificio mismo. Según eso no habría actualización ni renovación urbana; pero sabemos que la hay, pues al mismo tiempo se protege, por ejemplo, un inmueble de fachada modernista o se aumenta sabiamente su altura. “Muerto el perro se acabó la rabia”, quieren explicar; lo único que ocurre es que nos gusta ese animal canino.

Según datos a disposición de cualquiera, lejos del anonimato que la IA supera, su trayectoria profesional así como su posición personal es la que sigue, a muy grandes rasgos:

  1. IBARGÜEN. Arquitecto, relacionado desde muy antiguo (1980, al menos) con el sector de la promoción inmobiliaria. Colabora en una formación como es la de “Experto Universitario en el Mercado Inmobiliario”, cátedra asociada a la Universidad cesaragustana, organizada por MERIN.[8] La similitud con la estructura formativa que el Juez Peinado viene, durante dos años, estudiando y que, según el instructor, exhala responsabilidades políticas de la esposa del Presidente del Gobierno, es pura casualidad. Estos, llamados ignominiosamente “chiringuitos formativos”, están -y eso no los hace menos ruinosos- en todas las Universidades Públicas españolas y en las privadas también. Facultativo de gran renombre en el estudio de la arquitectura internacional más contemporánea, es un decir, puesto que fue responsable de la restauración monástica de Rueda o de la catedral de Jaca, y por tanto su especialidad son los nobles y antiguos lugares de nuestro Aragón. Es anecdótico que uno de los méritos que adornan su formación está su condición de miembro del ICOMOS –International Council of Museums or Sites-, organismo internacional que precisamente tiene como misión la protección de bienes culturales y sitios de interés cultural e histórico.

Coincide con su co-informante en la zaragozana Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, mandada fundar por Carlos IV, casualmente padre del rey su hijo citado como ejemplo de autoritarismo por el ínclito Juez instructor arriba citado.

  1. MURO: Facultativo ex-decano de su colegio. Probablemente, mejor conocedor de la arquitectura contemporánea -de principios del XX-, en particular de la Bauhaus, tan denostado en su tiempo por el poder, en particular por el poder nazi. Movimiento artístico y arquitectónico, tan parecido en paralelo -aunque la opinión exacta la reservo para los especialistas en arquitectura contemporánea- al estilo “brutal”, que hace difícil justificar una opinión independiente opuesta a la conservación de la obra[9] del arquitecto madrileño, autor de la “máquina” CORREOS-ADIF-. Colabora con otro, de los llamados ignominiosamente “chiringuitos intelectuales”: la cátedra SAMCA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.[10] Como decía arriba, de fácil pluma para escribir al dictado taquigráficamente.

Dejemos clara una cuestión: No es cuestión -valga la redundancia- de gustos personales el poder decidir personalmente si un edificio tiene o no tiene mérito; o si es o no es un monumento significativo para un ciudadano, una asociación patrimonialista o de vecinos, un colegio profesional, un departamento universitario o para cualquier partido político; en definitiva, si me gusta o no me gusta: “Todo” es, o todo puede ser, Patrimonio Cultural, dice la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón de 1999, tan lejos ya el momento histórico de su promulgación.

No me resisto a traer a colación las palabras de uno de nuestros aragoneses más insignes juristas y políticos, del siglo XIX y XX, don Joaquín Gil Berges; tan egregio como jurista que como político al frente del Ministerio de Fomento de la I República Española; y él, sí legisló aunque efímeramente. Qué lástima, que 150 años después, haya que citar sus entristecidas, y desgraciadamente actuales, palabras del preámbulo predictivo y anticipatorio, contenidas en un Decreto de aquel Gobierno:

Précianse todos los pueblos de conservar con religioso respeto

los monumentos que atestiguan las glorias de su pasado

y pregonan la inspiración de sus preclaros hijos;

prescinden al hacerlo de la significación que el monumento tuvo;

y atentos únicamente á su belleza, no reparan si es obra de la tiranía

ó engendro de la superstición.

Esta es mi valoración de la situación que el Informe infame citado plantea en esta encrucijada que tiene que ver con la participación ciudadana. Con la tensión entre decisión privada y posicionamiento público, inamovible a lo que se ve, puesto que las decisiones de los discretos despachos solo deben salir para ser ejecutadas, no para ser discutidas.

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[1] Muy poca gente entiende qué particular mérito protege esa “Caja Iluminada Bancaria” -CIB que no BIC- para no ser, también, derribado, considerando:

  1. Que forma parte del patrimonio arquitectónico más contemporáneo y por tanto es fácilmente sustituible o destruible, incluso sin otra violencia que hacerlo a la luz del día.
  2. Que no es un edificio “modernista” aun siendo de origen catalán.
  3. Que la arquitecta autora de la obra edilicia no es zaragozana y tiene edificios desperdigados por toda España que no son BIC´s necesariamente.

[2] Empleo este verbo que sugiere una cierta temporalidad -más allá de la vida física de las personas que deciden- por cuando los edificios del Estado son propiedad de TODOS los ciudadanos, no de sus dirigentes temporales; son dueños tanto de sus paredes como de los ingresos derivados de su explotación.

La Teoría de los Bienes Culturales, formulada en el XX por la doctrina jurídica italiana, ya decía que son bienes de naturaleza especial, de uso y disfrute difuso y general -no cito literalmente, con independencia de su titularidad jurídica. Los revolucionarios franceses de 1789 crearon la noción de patrimoine, que no es sinónimo de “patrimonio particular”, sino que expresa el acervo histórico que pertenece, por definición, a toda la nación; la guillotina, sin embargo, no pudo con la hidra de cien cabezas que es la especulación desordenada, tan española como la guerrilla.

[3] Qué persona física o jurídica deban ser las impulsoras de la consolidación o ampliación del Patrimonio edilicio de Interés histórico-artístico es un problema no resuelto. ¿Podría ser la Corporación, a través de su Servicio de Cultura, la entidad que, de oficio, impulsara estas renovaciones?; con toda probabilidad, así debería ser. En otras épocas históricas esa responsabilidad la asumió la Academia de Bellas y Nobles Artes de San Luis pero ahora se ocupa de seleccionar profesionales que avalen la destrucción del Patrimonio, ya excesivo sin duda.

[4] No hay que desdeñar el dato de que el cambio de titularidad formal haya descolocado a los arquitectos autores del apresurado Informe, infame.

[5] Además de las dos citadas, la Ley contempla otras dos que pueden interesar tanto a bienes inmuebles como muebles, que son los BIENES INVENTARIADOS y, residualmente, los que integran el CENSO GENERAL del PCA.

[6] Nótese, de pasada, la gran cantidad de construcciones y edificios de época posterior al modernismo que no han sido incluidos en el Catálogo del PGOU de Zaragoza, suficientemente añoso para ser rectificado en profundidad. Se recurre a la técnica jurídica de no modificar el PGOU en su conjunto, puesto que es muy costoso en tiempo y dinero, y exige largos procesos de información pública; sin embargo, a través de diferentes modalidades de planeamiento menor está permanentemente siendo corregido: es el caso del edificio que ya no es de Correos.

[7] Si bien, ni los funcionarios de carrera ni eventuales, ni los órganos de gobierno que decidan en estos sentidos tienen mucho que temer pues apenas existe jurisprudencia que castigue conductas, incluso extremadamente dolosas, atentatorias contra el Patrimonio Cultural.

[8] Sígase la composición de esta plataforma para-empresarial y se descubrirá que despachos o empresas impulsan la obra; casi todas, zaragozanas.

[9] Y mira que la empresa constructora se ha empeñado en romper todo lo que puede en cuanto le telefonean para anticipar que el edificio es derribable. Tal vez al principio no era un caso de Código Penal.

[10] Sígase la composición de esta plataforma para-empresarial y se descubrirá qué despachos o empresas impulsan la obra; casi todas, zaragozanas.