“El truco es presentar el problema de la desigualdad de los y las jóvenes como una guerra entre generaciones cuando su problema no se explica por la fecha de nacimiento, sino por la estructura económica, el modelo productivo y el reparto del poder”.
La desigualdad es un fenómeno complejo que deriva de decisiones políticas y económicas. Por eso, para aquellos que la generan y se aprovechan de ella es tan tentador explicarla mediante relatos simples utilizando el enfrentamiento entre la gente que la sufre como forma de mantener sus privilegios.
Para ello crean debates falsos e interesados en sus altavoces mediáticos para influir en la opinión pública. Uno de los debates más tramposos, pero también más exitosos de los últimos tiempos es el que quiere enfrentar a jóvenes precarios y jubilados dignos como si pertenecieran a bandos opuestos.
El planteamiento es atractivo y de lógica sencilla, buenos contra malos señalando víctimas reconocibles. Funciona bien en la prensa, en los debates y en los algoritmos; es material de libros “de éxito”. Pero ya sabemos que, aunque una historia sea eficaz no significa que su diagnóstico sea cierto. Lo hemos sufrimos con las medidas aplicadas en pasadas crisis económicas que eran vendidas como las únicas posibles, lo cual era mentira y quienes las defendían lo sabían.
Se parte de una evidencia que todos podemos compartir, buena parte de la juventud tiene muchas dificultades para tener una vida digna. Es cierto que las y los jóvenes de esta generación tienen sobradas razones para la frustración: salarios insuficientes, precariedad cronificada, vivienda convertida en bien especulativo, trayectorias laborales fragmentadas e incertidumbre vital elevada a categoría estructural.
La experiencia material de buena parte de la juventud es, objetivamente, más frágil que la que vivieron generaciones anteriores. Y es ahí donde comienza la trampa, cuando esa precariedad vital se presenta como consecuencia directa del sistema de pensiones o del supuesto “exceso de protección” a los mayores, cuando la discusión pasa del terreno de la equidad al de la confrontación, cuando se instala la idea de que el bienestar de unos exige necesariamente el deterioro de otros.
El truco es presentar el problema de la desigualdad de los y las jóvenes como una guerra entre generaciones cuando su problema no se explica por la fecha de nacimiento, sino por la estructura económica, el modelo productivo y el reparto del poder.
Y si hay victima hace falta un culpable. Los pensionistas quedan retratados como una generación privilegiada que habría blindado su bienestar a costa del futuro de quienes vienen detrás viviendo “la vida cañón”. El relato es profundamente engañoso.
Y todavía lo es más cuando generaliza y no distingue, por ejemplo, entre un joven con patrimonio familiar y otro sin red de seguridad o entre un jubilado con pensión mínima y otro con ingresos holgados y patrimonio confortable.
La edad no iguala o desiguala, la edad no elimina las desigualdades económicas que atraviesan las personas sean de la generación que sean.
Reflexionar sobre la igualdad intergeneracional es legítimo y necesario. Pero plantearlo en términos de suma cero no solo resulta intelectualmente pobre, sino socialmente destructivo. Si, además, le sumas la generalización es que quieres esconder que la variable decisiva sigue siendo la distribución de la riqueza, en concreto la desigual distribución de la riqueza.
Cuando se presentan las pensiones como causa principal de la precariedad juvenil se quiere desviar el foco para evitar preguntas tan simples como incómodas: ¿Por qué los salarios siguen siendo insuficientes? ¿Por qué la vivienda se ha convertido en un bien inaccesible para amplias capas de la población joven? ¿Por qué los beneficios empresariales baten récords mientras la inseguridad laboral se cronifica? ¿Por qué la fiscalidad sobre las grandes rentas y patrimonios sigue siendo tabú para muchos partidos políticos?
Contestar estas preguntas implicaría cuestionar el actual modelo económico, la estructura productiva o el reparto real de costes y beneficios. Así que es mucho mejor para las élites señalar un culpable visible y manejable antes que señalar las injusticias y privilegios estructurales.
Y para ser didácticos preguntémonos con serenidad: ¿Quién gana cuando jóvenes precarios y jubilados dignos se miran como adversarios? No ganan los jóvenes, no ganan los pensionistas. Los jóvenes siguen temiendo al futuro y los mayores pasan a temer por su seguridad económica.
“Nuestro sistema de pensiones es de reparto. Esto significa que las cotizaciones de hoy financian las pensiones de hoy. No es un secreto ni un truco. Es un contrato social explícito entre generaciones, aprobado democráticamente y reformado muchas veces”.
Ahora, querría reflexionar un poco sobre el otro discurso empleado para atacar nuestro sistema de pensiones, el de la extrema derecha, que señala que el sistema de pensiones es “una estafa piramidal” insostenible, que habría que eliminar.
Llamar al sistema público de pensiones estafa piramidal puede sonar provocador, pero es conceptualmente incorrecto y solo sirve para meter miedo y confundir a la gente.
Una estafa piramidal es un fraude. Se basa en engañar a quienes entran, prometiendo rentabilidades irreales que solo se pagan mientras entren nuevos participantes, hasta que colapsa. El sistema público de pensiones no promete rentabilidades irreales ni oculta su funcionamiento. Es público, transparente y está regulado por ley.
Nuestro sistema de pensiones es de reparto. Esto significa que las cotizaciones de hoy financian las pensiones de hoy. No es un secreto ni un truco. Es un contrato social explícito entre generaciones, aprobado democráticamente y reformado muchas veces.
En una estafa piramidal, el organizador desaparece con el dinero. En un sistema público de pensiones, el Estado recauda, paga y responde políticamente ante la ciudadanía. Desde hace mucho tiempo, si hay déficit o tensiones, en el ámbito del diálogo social, se debaten reformas para solucionar los problemas presentes o futuros.
¿Significa esto que el sistema no tiene retos? Para nada. El envejecimiento de la población y la precariedad laboral son desafíos reales. Pero un problema de sostenibilidad no convierte algo en una estafa.
Además, las pensiones son un pilar de estabilidad social y económica. Reducen pobreza, sostienen consumo y evitan que millones de personas mayores dependan de la caridad o de sus familias. La “vida cañón” no llega a la mayoría de ellos, la gran mayoría de las pensiones están muy lejos de las máximas.
Las pensiones públicas no son un mero “gasto”, son un motor económico. De hecho, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico. El gasto en pensiones presenta un efecto multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos en impuestos.
Como última reflexión, si se aplicasen las reformas de pensiones que habitualmente se plantean para “favorecer a la juventud”, estas penalizarían más las futuras prestaciones de quienes hoy son jóvenes que las de los baby boomers. Esto se debe a que las reformas suelen introducirse en el sistema progresivamente, afectando menos a quienes hoy se jubilan que a quienes lo harán en el futuro. Estas propuestas resultarían en pensiones más bajas sobre todo para las futuras generaciones.
Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos.
No podemos dejar que en este debate nos engañen, debemos hacer que se centre en impulsar políticas capaces de garantizar salarios dignos, vivienda accesible, estabilidad laboral y horizontes creíbles. Y por supuesto pensiones dignas.
