“Azcón defiende que el modelo público y concertado son complementarios, cuando todos y todas sabemos que la pública terminará convirtiéndose en subsidiaria de la concertada si no se siguen invirtiendo recursos en esta”.

En el Pleno de las Cortes de Aragón celebrado el pasado mes de mayo, la primera cuestión sometida a debate fue el tema que más atención suscita actualmente en el ámbito educativo: la concertación del bachillerato.

Amparándose en el recurrente argumento de la libertad de elección y en la supuesta tragedia griega que, según su relato, supone para una familia tener que cambiar a su hijo o hija de centro educativo al finalizar la ESO —después de años compartiendo aula con los mismos compañeros/as y docentes— por no poder asumir el coste de la

enseñanza privada, volvieron a incorporar esta polémica medida a su programa electoral para las elecciones autonómicas. Y ahora, naturalmente, consideran que tienen vía libre para estos conciertos y para más, como comentaré a continuación.

Sin embargo, estos argumentos esconden, al menos, dos trampas. La

primera es que estamos ante un auténtico «café para todos»: esta subvención va a beneficiar tanto a las familias que tienen dificultades para costearse una enseñanza privada —a las del “quiero y no puedo”— como a aquellas que disponen de recursos suficientes para hacerlo sin ayuda pública y a las que se lo vamos a pagar entre todos los contribuyentes. La segunda tiene que ver con el supuesto infortunio que supone para un adolescente cambiar de centro educativo a los 15-16 años.

Una situación que forma parte de la realidad cotidiana de miles de jóvenes que cursan sus estudios en centros donde no se oferta la etapa de Bachillerato y que, cada año, deben desplazarse, bien a otros institutos, bien a otras localidades, para continuar su form

ación. Para ellos y ellas no existe el derecho de libertad de elección, por lo que podemos afirmar que hay derechos de libertad de primera y de segunda, según si existe beneficio económico detrás o no.

Las escuelas concertadas, como empresas que son, hacen sus cálculos y sus estudios de mercado, y los datos demográficos son claros: el descenso continuado de la natalidad implica que cada vez habrá menos niños y niñas en

 edad escolar y, por tanto, van a ver mermada su clientela. Ante esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿de qué manera pueden asegurarse la cartera de clientes de cara al futuro? La respuesta es evidente: de lo público.

 

Recordemos aquellas célebres declaraciones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre las supuestas «mamandurrias» de la izquierda, en referencia a determinadas subvenciones públicas destinadas al ámbito cultural. Al parecer, hay ayudas que resultan inaceptables y otras que merecen una consideración mucho más benevolente, porque sostener determinados sectores con recursos públicos es un escándalo, pero mantener con dinero de todos negocios en manos de personas ideológicamente afines a uno, suscita menos objeciones. Y es que la realidad es que la continuidad del Bachillerato en más de un centro concertado se veía amenazada por la reducción del alumnado. Ante ese escenario, la solución elegida ha sido clara: destinar más fondos públicos a la enseñanza concertada para garantizar la permanencia de aulas abiertas y puestos de trabajo que, de otro modo, podrían haber quedado comprometidos.

En el mismo pleno, Azcón recordaba que a principios de los años 80 un gobierno del PSOE aprobó los primeros conciertos educativos, debiendo recalcar que se trataba de la etapa de educación obligatoria, para después a inicios de los dos mil, otro gobierno socialista ampliara la concertación a la etapa de infantil. Ahora dice Azcón que quiere “cerrar el círculo” concertando el bachillerato y la etapa de 0-3 años. Pero la cosa no queda ahí, porque al arrancar su mandato anunció como medida estrella la matrícula universitaria gratuita para el alumnado de primer curso; en principio sólo de la pública, pero todo llegará.

Azcón defiende que el modelo público y concertado son complementarios, cuando todos y todas sabemos que la pública terminará convirtiéndose en subsidiaria de la concertada si no se siguen invirtiendo recursos en esta. Hace tiempo que algunos actores identificaron dónde se encuentra la auténtica gallina de los huevos de oro y no están dispuestos a desaprovecharla. Y lo harán, además, amparados por unos resultados electorales que quizá muchos de sus propios votantes no imaginaron que acabarían traduciéndose en políticas de mayor alcance.

Por todo ello, la comunidad educativa estamos en alerta constante porque somos conscientes de que, para acabar con un buen servicio público en beneficio del sector privado, primero hay que desabastecerlo de recursos, mermando así su calidad, después demonizarlo de manera que la opinión general sea negativa, y en esta línea dejarlo morir poco a poco. Entonces, ya será demasiado tarde para actuar. Quizá por eso ha cobrado tanta fuerza en los últimos días una frase que he escuchado de manera reiteradas en las redes y que dice así: «cuando todo sea privado, la ciudadanía será privada de todo». En definitiva, defender la escuela pública es una responsabilidad de toda la sociedad, porque es la única red educativa que asume el compromiso de garantizar el derecho a la educación para todos y todas, y la que, en última instancia, siempre acogerá a quienes el resto del sistema no pueda o no quiera atender.