“El debate sobre inmigración y regularización se produce en un contexto marcado por el aumento de la preocupación ciudadana por la seguridad y la convivencia. Aunque los delitos de odio no pueden identificarse automáticamente con la inmigración —ya que suelen estar motivados por racismo, xenofobia, orientación sexual, religión o ideología—, las estadísticas muestran que este fenómeno ha ganado relevancia en España”.

 

No hay ninguna duda que los acuerdos recientes para la investidura de Jorge Azcón como Presidente del Gobierno de Aragón, han llevado a firmar acuerdos de gobernabilidad trufados de ideología racista y xenófoba; algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta lo que ya previamente se sabía y se anunciaba sin ningún rubor.

Por tanto, una vez más, la política migratoria se ha convertido en uno de los ejes centrales del acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular (PP) y VOX en Aragón, pero no solo aquí, sino en Extremadura, Castilla y León y posiblemente en Andalucía. El pacto incorpora medidas de endurecimiento en materia de inmigración, acceso a ayudas públicas y servicios sociales, introduciendo conceptos como la “prioridad nacional” y el “arraigo” como criterios relevantes para determinadas prestaciones, e incluso expulsiones reglamentadas.

Y en ese mismo paquete se incorpora las ayudas en materia de ayuda a la cooperación internacional. Hoy mismo (9 de junio de 2026), se ha suspendido el convenio con la Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo. La Consejería de Desregularización, Bienestar Social y Familia argumenta la “prioridad nacional”, que es lo mismo que decir, que primeros los de aquí y a los demás ni agua.

Un cambio de enfoque

El acuerdo firmado, por tanto, por el presidente aragonés, Jorge Azcón, y el líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco, plantea una política migratoria más restrictiva que la desarrollada hasta ahora por la comunidad autónoma. Entre sus objetivos declarados figuran el control de la inmigración irregular, la reducción del gasto asociado a programas de acogida y la priorización de quienes acrediten una vinculación prolongada con Aragón y España.

El documento incluye propuestas como la realización de auditorías sobre el gasto público vinculado a la inmigración, la limitación de determinadas prestaciones para personas en situación administrativa irregular y la oposición a las políticas de reparto de menores migrantes impulsadas por el Gobierno central. Es decir, que la ideología se pone al servicio de los más poderosos y vulnera el principio de igualdad proclamado constitucionalmente. Y sus efectos, ya los estamos viendo.

La cuestión de la regularización

Sin ninguna duda el eje central y una de las líneas estratégicas de VOX es, precisamente, el estar en contra de las políticas de regularización de las personas migradas, que ya se encuentran habitando en el estado español, y, en muchos casos, trabajando de una manera no visible. Conviene señalar que las vías de regularización administrativa —incluido el arraigo social, laboral o familiar— son competencia del Estado y están reguladas por la legislación estatal de extranjería. Aragón no tiene capacidad legal para modificar esos procedimientos. A ver como sortean esa cuestión, que por supuesto no es menor.

Por tanto, el acuerdo PP-VOX no elimina ni modifica directamente los mecanismos de regularización existentes. Lo que sí hace es establecer criterios más exigentes para acceder a determinadas ayudas o programas autonómicos, vinculándolos al tiempo de residencia, empadronamiento o cotización. La idea de “arraigo” aparece así no como mecanismo de regularización, sino como requisito para el acceso preferente a recursos públicos.

En este sentido, el pacto introduce el principio de “prioridad nacional”, según el cual los ciudadanos españoles y las personas con una vinculación prolongada al territorio tendrían preferencia en determinados ámbitos como la vivienda pública o algunas ayudas sociales. Si esta discriminación se produce, seguramente se emprenderán demandas legales por vulnerar derechos.

Menores migrantes y servicios sociales

Otro de los puntos destacados del acuerdo afecta a los menores extranjeros no acompañados. VOX ha asumido competencias relacionadas con esta materia dentro del Gobierno aragonés y ha defendido medidas como la realización de pruebas para verificar la edad de algunos menores cuando existan dudas sobre su documentación. Estas propuestas han generado debate jurídico, ya que determinadas actuaciones corresponden a la Fiscalía y no a la administración autonómica.

Asimismo, el pacto contempla restringir el acceso de personas en situación irregular a determinados servicios sociales estructurales, manteniendo la atención en situaciones de urgencia vital, de acuerdo con los límites que establece la legislación vigente. Esto aplicado al acceso a la sanidad pública, que es universal, volvería, nuevamente, a restringir derechos de ciudadanía.

Debate político y social. Prioridad nacional o derechos sociales

Como es lógico, estos acuerdos cuentan con defensores de estas medidas, puesto que argumentan que se deben arbitrar mecanismos que respondan a la necesidad de ordenar los recursos públicos, reforzar la integración y combatir la inmigración irregular. Desde esta perspectiva, el principio de prioridad nacional se presenta como una forma de favorecer a quienes han contribuido durante más tiempo al sistema. Y, también, expulsar a quienes, supuestamente, no contribuyen a sostenerlo.

Por el contrario, organizaciones sociales, entidades de apoyo a migrantes y partidos de la oposición consideran que algunas de estas propuestas pueden generar discriminación o exclusión social. También cuestionan la viabilidad jurídica de determinadas iniciativas relacionadas con la inmigración, dado que muchas competencias corresponden al Estado. El debate está candente y se avecinan meses de quiebra del modelo de convivencia establecido.

Conclusión

El acuerdo PP-VOX en Aragón no modifica los procedimientos estatales de regularización de personas migradas, pero sí introduce una orientación política más restrictiva en el ámbito autonómico. El énfasis en el arraigo, la prioridad nacional y el control de la inmigración irregular constituye una de las señas de identidad del pacto. Sus defensores lo presentan como una política de gestión responsable de los recursos públicos, mientras que sus detractores advierten de posibles efectos discriminatorios y de conflictos competenciales. En cualquier caso, el acuerdo sitúa la cuestión migratoria en el centro del debate político aragonés y español.

El debate sobre inmigración y regularización se produce en un contexto marcado por el aumento de la preocupación ciudadana por la seguridad y la convivencia. Aunque los delitos de odio no pueden identificarse automáticamente con la inmigración —ya que suelen estar motivados por racismo, xenofobia, orientación sexual, religión o ideología—, las estadísticas muestran que este fenómeno ha ganado relevancia en España. Tras un descenso en 2024, los delitos de odio alcanzaron en 2025 su máximo histórico, con un incremento del 23,6 %. Los incidentes relacionados con el racismo y la xenofobia continuaron siendo los más frecuentes, lo que ha intensificado el debate político sobre integración, cohesión social y políticas migratorias. Esto no ha hecho nada más que empezar, la contestación política y social está servida.