“Poco se dice en el reciente pacto de gobierno del PP y Vox sobre ciencia y universidades. El apartado 9 del acuerdo, denominado Educación y Universidad, consta de diez puntos, de ellos, siete y medio se refieren propiamente a Educación; el resto a Universidad; en ninguno se habla expresamente de Ciencia”.

 

De los nueve Departamentos que constituyen el actual Gobierno de Aragón, el de Educación, Ciencia y Universidades aparece, protocolariamente al menos, en último lugar. En el mandato anterior el presidente Azcón separó a mitad de la legislatura las competencias de Educación y las de Ciencia y Universidades en Consejerías distintas. En un principio, la profesora de la Universidad de Zaragoza Claudia Pérez fue nombrada consejera de Educación, Ciencia y Universidades. Meses después, Tomasa Hernández Martín, consejera de Presidencia, Interior y Cultura, asumía también las competencias de Educación. Los asuntos educativos acaparaban prácticamente todo el esfuerzo de la Consejería de Claudia Pérez. Tras este reajuste, Claudia Pérez intensificó notoriamente su labor de acompañamiento y de apoyo a la Universidad de Zaragoza y sin duda también a la de San Jorge. Fue un periodo de estrecha cooperación entre la Universidad y el Gobierno de Aragón, con resultados palpables.

Ahora, sin embargo, el Gobierno de PP y VOX recupera el organigrama anterior, a pesar de que se demostrara recientemente su inviabilidad. Carmen Susín Gabarre, antigua consejera de Bienestar Social y Familia, asume esta nueva consejería de Educación, Ciencia y Universidades. La formación y la trayectoria política de la nueva consejera resultan, cuando menos, lejanas a las responsabilidades que asume.

Por otra parte, poco se dice en el reciente pacto de gobierno del PP y Vox sobre ciencia y universidades. El apartado 9 del acuerdo, denominado Educación y Universidad, consta de diez puntos, de ellos, siete y medio se refieren propiamente a Educación; el resto a Universidad; en ninguno se habla expresamente de Ciencia. Si bien, no hay que descartar que alguno de los apartados acordados haya sido pensado de manera transversal para los diferentes niveles educativos: así, el que solicita incluir la Historia del terrorismo en España en los planes de estudio, con el fin de “concienciar a nuestros estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y dignificar a las víctimas”. En cualquier caso, convendría precisar esta propuesta: ¿se incluye aquí la implacable y desalmada represión franquista de posguerra? Otro punto que lleva de manera inconfundible el sello de VOX es la Supresión del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí. En este caso se aclara que afecta a los centros de Primaria y Secundaria. La Universidad de Zaragoza ha contado tradicionalmente con grandes arabistas que estarían tentados de rasgarse las vestiduras ante este acuerdo.

Con todo, los asuntos propiamente universitarios que se mencionan en el pacto son: Prueba de acceso a la Universidad única; gratuidad de la primera matrícula universitaria para el alumnado aragonés y nuevas titulaciones universitarias y de Formación Profesional.

El primer punto es una reivindicación más que un propósito de gobierno. Implantar un modelo único de prueba de acceso a la Universidad en España es competencia del gobierno central, no del aragonés, evidentemente. La gratuidad en la primera matrícula podría incorporarse siempre y cuando el Gobierno de Aragón ingrese a la Universidad la cantidad no percibida por este concepto y siempre que no suponga una reasignación social clasista entre las dos universidades implantadas en Aragón. Un buen sistema de ayudas y becas para desplazamientos o vivienda podría ser más eficiente.

Finalmente, nada se habla de la universidad como servicio público, como instrumento de conocimiento que ha de ser atendido y cuidado ya que contribuye y mucho a dignificar a las personas y a la sociedad. Una vez más habrá que estar vigilantes en la defensa de lo público y de lo realmente propio y característico de Aragón, porque “Consolidar Aragón como el polo estratégico de España en centros de datos”, defender el Ebro de inundaciones, pero no de posibles trasvases, o “Liberar Aragón de la imposición del catalán” –recuérdese que en la Universidad de Zaragoza se imparten asignaturas de Filología Catalana desde hace décadas–, tal y como se solicita en este acuerdo, demuestra una concepción preocupante, sesgada y muy tendenciosa de Aragón.